Un colaborador de una inmobiliaria de la isla, cuya dueña se encuentra en situación de rebeldía y también está acusada, fue condenado ayer a un año de prisión por una estafa al realquilar una vivienda de Palma a una mujer haciéndose pasar por el dueño de la casa con la intermediación de la empresa inmobiliaria cuando él en realidad no era más que un inquilino del domicilio.

El sospechoso, de nacionalidad ecuatoriana, reconoció los hechos ayer ante el juez. El hombre, defendido por el abogado Toni Tugores Ramis, aceptó una pena de un año de cárcel y el pago de una indemnización de 2.600 euros a la víctima. El magistrado le suspendió la condena por un periodo de tres años en los que no podrá volver a delinquir y con la condición de que abone la responsabilidad civil en seis meses.

En un principio, la fiscalía pedía para él dos años de prisión que se sustituían por la expulsión de España durante cinco años por un delito de estafa. El hombre suscribió un contrato de arrendamiento con el dueño de un piso ubicado en la calle Gual en Palma. El 27 de marzo de 2017, una mujer quiso alquilar el domicilio y el acusado se hizo pasar por el propietario y se lo realquiló por 125 euros más que su mensualidad. La inquilina entregó al firmar el contrato 1.300 euros (dos mensualidades). No pudo disfrutar de la vivienda y se quedó sin el dinero.