Un antenista de Palma se enfrenta a dos años de prisión por piratear y vender una quincena de descodificadores para acceder gratis a canales de televisión de pago. El sospechoso habría ofrecido los aparatos en anuncios de Internet, generando unos perjuicios que la compañía afectada, Canal+, cifra en más de 31.000 euros. La fiscalía y la abogada de la empresa le imputan un delito contra el mercado y los consumidores. La defensa pide la absolución, al entender que solo hay pruebas de que remitiera un aparato manipulado y con el consentimiento de la compañía a una persona contratada por esta para investigar sus actividades.
Las acusaciones sostienen que el procesado habría utilizado un sistema conocido como cardsharing, consistente en introducir en los descodificadores códigos de tarjetas legales de la plataforma televisiva para permitir ver todos los canales de manera gratuita e ilícita. El sospechoso habría publicitado los aparatos manipulados en páginas de anuncios de Internet. La fiscalía sostiene que llegó a distribuir 15 descodificadores, mientras la compañía afectada rebaja la cifra a 12.
Delito contra el mercado
El antenista solo admitió haber alterado y vendido un aparato. Lo hizo, según sostuvo durante el juicio, con la autorización de Canal+ y a una persona que la empresa audiovisual había contratado para rastrear la distribución de descodificadores adulterados, como confirmó ante la sala un representante de la compañía.
La fiscal y la acusación particular consideran al sospechoso autor de un delito contra el mercado y los consumidores. La fiscalía reclama para el diez meses de prisión y una multa de 2.700 euros, mientras la acusación particular eleva su petición a dos años de cárcel y una sanción económica de 3.600 euros. Además, las acusaciones exigen que el antenista indemnice a la plataforma televisiva con 31.578 euros, la cantidad que habría obtenido si quienes adquirieron los descodificadores piratas hubieran sido clientes suyos durante los dos años que según sus estimaciones utilizaron los aparatos.
El abogado defensor, Carlos Portalo, negó que su cliente hubiera cometido delito alguno y reclama la absolución. Según su tesis, no existen pruebas de que manipulara y vendiera los aparatos. Solo hay constancia de que distribuyera uno y fue precisamente a la persona que contactó con él a petición de Canal+ para investigar si distribuía el material ilícito. Portalo afirmó que lo remitió con la autorización de la empresa y que esta no sufrió ningún perjuicio por la transacción.
El juicio, celebrado en un juzgado de lo penal de Palma, quedó ayer visto para sentencia.
