La fiscalía y la abogacía del Estado solicitaron ayer una condena de dos años de prisión al empresario alemán Mathias Kuhn, propietario de la firma Kuhn and Partner, como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública. Se le acusa de no haber abonado parte del impuesto de IVA por la venta de un solar en la urbanización de Son Vida. Además de la pena de prisión, se le reclama una multa de 80 millones de pesetas y el pago del impuesto que no abonó.

En esta operación, que data del año 1999 y que se realizó a través de la sociedad Werner Investments, se vendió el terreno por 465.876.539 pesetas. El impuesto de IVA alcanzó la cifra de 74.540.217 pesetas, que el vendedor cobró al comprador del solar. De esta cantidad sólo se abonó una parte a Hacienda. La administración tributaria le reclama la cantidad de 39.985.855 pesetas.

El juicio demostró la delicada situación económica que atravesó la empresa en el año 2001. Kuhn, que aparece como administrador único en las 22 empresas que dirige, señaló que en 2001 descubrió un descuadre económico. Responsabilizó de esta situación a su ex director financiero, que está ahora desaparecido, y a quien ha denunciado por un desfalco de más de 100 millones de pesetas. "Yo no controlaba la gestión de todas mis empresas, me fiaba de mis empleados". A raíz de este descubrimiento las empresas presentaron varias liquidaciones voluntarias de impuestos, pero con datos erróneos. "Quería demostrar a Hacienda que no teníamos voluntad de engañar, pero nos encontramos ante un gran descuadre económico y nos faltaban datos". El IVA por la venta del solar aún no se ha pagado.

El fiscal Jaime Guasp se mostró muy duro con el empresario, descartó que se tratara de un error imputable a un empleado y acusó a Kuhn de falsificar datos para no pagar impuestos. "Sorprende que un grupo de empresas, que cuenta con una fundación, se encuentre en esta situación. Es insolidario al no querer rendir cuentas con Hacienda". La letrada del Estado, Dolores Ripoll, recordó que el administrador de la empresa es quien responde ante Hacienda, no sus empleados.

En cambio, la abogada defensora, Maria Pascual, señaló al juez que no existió ánimo de defraudar a la administración tributaria.