Diazepam, amenazas de muerte y noches sin dormir: la pesadilla del acoso de los fondos buitre

A María Victoria ya no le hace nada el Diazepam del 5. Vive con los nervios destrozados y tiene que salir a la calle con una psicóloga para evitar ataques. Todo empezó cuando la maquinaria de los fondos buitre se activó para acosarla. "Me dijeron que tuviera cuidado, porque igual salía a comprar el pan y me cambiaban la cerradura", relata.

Vive con dos de sus hijos, uno de 17 y otra de cinco. La pequeña, parece que no, pero se entera muy bien de la situación. "Me dice 'mamá, no quiero que me cambien de cole'", explica. El de 17 tiene ganas de enfrentarse a los que acosan a su madre y coger el teléfono, mientras intenta calmarla, aunque sabe que puede quedarse sin casa.

Adrián tiene a sus tres hijos en tratamiento psicológico desde que un grupo de vigilantes privados amenazó de muerte a su padre y, por error, tiró abajo la puerta del piso de al lado una madrugada intentando acceder al suyo. Las notas de los niños han caído en picado y en la casa ya nadie duerme, como tampoco duerme María Alejandra, que reconoce que se está "quedando mal" de sufrir ella y ver sufrir a sus hijos.

Esta es la pesadilla a la que fondos buitre como Promontoria Colliseum o Global Sapa someten a sus inquilinos para echarlos de sus viviendas. El acoso es telefónico, a diario o varias veces al día y con números distintos para que el inquilino no sea capaz de bloquearlos, y empiezan ofreciendo dinero, como a María Alejandra, a quien le querían dar 3.000 euros para que dejase la vivienda que una vez fue de sus padres.

María Alejandra, María Victoria y Adrián presentaron este viernes sendas denuncias por acoso inmobiliario en el PROP de Valencia, acompañados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Hasta hace muy poco, estas conductas amenazantes de los fondos o propietarios no estaban legisladas, pero en 2023, la anterior Conselleria de Vivienda aprobó la Ley de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso inmobiliario.

Presiones, amenazas y cortes de luz

Esta ley prevé multas de hasta 950.000 euros por realizar estas prácticas, que van desde presiones, amenazas, llamadas constantes, impagos de la comunidad para que corten la luz de las zonas comunes, negativas a dar el número de cuenta para ingresar el alquiler y hasta denuncias de desahucio pese a estar al corriente de pago. Todas ellas documentadas por este periódico.

El reglamento, que contempla multas de 10.000 a 350.000 euros en los casos graves y de 350.001 a 950.000 en los casos muy graves, está dirigido principalmente a fondos buitre y busca evitar este tipo de situaciones. Por el momento, la actual Conselleria de Vivienda dirigida por Susana Camarero (PP) no ha actuado en ningún caso.

Los tres casos de los denunciantes son muy diferentes. María Alejandra perdió la casa de su padre por no poder pagar unas letras de 800 euros, igual que María Victoria con la casa de su pareja. Adrián, sin embargo, está dentro de la moratoria hipotecaria del Gobierno y tiene todo el derecho a permanecer en su vivienda mientras dure esta ley. Por tanto los fondos buitre intentan sacarlo de la vivienda por otros medios.

Alquiler social

Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria algunos bancos se abrieron a hacer alquileres sociales a las familias cuya hipoteca habían ejecutado. El banco se quedaba con el inmueble pero mantenía a la familia dentro pagando un porcentaje de los ingresos que entraban en casa. Eso se mantuvo durante unos años, pero en mitad del proceso, esos pisos se vendieron en paquetes ingentes a los fondos buitre que los compraron para generar rentabilidad.

Mientras duraron esos alquileres sociales las familias pagaron, pero a la finalización del contrato, los fondos se negaron a negociar, ya que su modelo de negocio era vender esos pisos comprados a precio de derribo a otros fondos más pequeños para tener margen de beneficio. El problema es que los precios de la vivienda completamente disparados impedían a esas familias vulnerables alquilar o comprar, así que, con la única alternativa de quedarse en la calle, decidieron quedarse en esos pisos aún no teniendo contrato.

Algunos pudieron acogerse a la moratoria hipotecaria que acaba este año, como Adrián, otras decidieron seguir ingresando el alquiler social en la misma como muestra de buena fe para intentar que el fondo accediera a hacer un alquiler, algo que no ha sucedido. Lo que ha pasado es que se han producido desahucios por okupación de inmuebles por toda la Comunitat hacia estas familias con niños que no tienen a donde ir.

Okupas de buena fe

La administración tampoco ha sido capaz de dar alternativas baratas a esas familias, la lista de espera para acceder a una vivienda social es de 12.000 personas cuando el parque público ronda las 11.000 casas (y todas están ya llenas). Así, las familias se ven empujadas a hacerse fuertes en esa vivienda aunque ya no sea de su propiedad.

Los lentos tempos judiciales y la legislación aprobada que protege a las familias vulnerables con niños juegan a favor de los inquilinos, que intentan en vano que los fondos (que no son inmobiliarias, sino empresas de inversión que solo quieren vender) les hagan un alquiler asequible. Pese a todo, en este tira y afloja, hay una parte mucho más fuerte que la otra; "no puedo pasar más de un día tranquila. Ya no duermo", lamenta Mariá Victoria.

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