Un superviviente de la tragedia de El Tarajal lleva a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU

Ludovic N. es un superviviente de la tragedia que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014 en El Tarajal, Ceuta. Tenía solo 15 años cuando "agentes de la Guardia Civil empezaron a dispararle pelotas de goma y botes de gas" mientras trataba de aferrarse a la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, según European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Ni siquiera sabía nadar. Pero ni eso, ni el golpe que recibió en un brazo, evitaron que llegase a la playa. Fue devuelto 'en caliente', casi de forma inmediata, sin recibir ningún tipo tratamiento, acompañamiento o apoyo. Ahora, justo cuando se cumplen diez años de la tragedia, acaba de presentar una queja contra España ante la ONU por múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura con el apoyo de la ONG.

"Para mí es muy importante que podamos volver a hablar del 6 de febrero de 2014, después de 10 años, para tener la oportunidad de recordar a quienes perdieron la vida y, también, para denunciar frente al mundo las actividades ilegales que tienen lugar en las frontaras, particularmente en la de Ceuta, donde yo, en esa época, fui atacado, maltratado, y devuelto", asegura por medio de un mensaje de vídeo, en el que reconoce que no es fácil volver a revivir la tragedia, pero lo considera importante para que se juzgue y sientan que, al fin, son "considerados como seres humanos de pleno derecho".

Sin responsables una década después

La ONG denuncia que el camerunés fue devuelto a Marruecos por tierra junto a otras 22 personas. Posteriormente, se les impidió testificar durante los ocho años que duró la investigación de estos sucesos, donde murieron al menos 15 personas y otras muchas resultaron heridas.

Diez años después de los hechos, la queja de Ludovic N. ante el Comité contra la Tortura de la ONU "aborda una letanía de fallos en la investigación después de que España archivara finalmente el caso en 2022". "Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos", afirma Ludovic N., que ahora vive en Alemania.

Su representante en este caso, Carsten Gericke, tilda de "shock" lo que ocurrió aquel día en El Tarajal por la violencia que se ejerció contra personas que simplemente querían llegar a la Unión Europea, un "espacio de libertad y justicia". También por la contradicción entre lo que comunicó el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que aseguró que la Guardia Civil no había disparado pelotas contra el agua, y la evidencia posterior que mostró que sí lo había hecho. Por eso, considera que la "la ONU debe insistir en que España reabra su investigación sobre estos sucesos" y que "se ponga fin a la impunidad". "Las muertes en la playa del Tarajal son un reflejo de las políticas fronterizas racistas y letales de Europa y del absoluto desprecio por las vidas de las personas negras en particular", afirma, por su parte, Hanaa Hakiki, del ECCHR.

Falta de derechos

De aquella tragedia, denuncia ECCHR, no se identificaron los cadáveres, aunque las ONGs sí tienen la lista de los nombres de todas aquellas personas. Tampoco se tomó declaración a los supervivientes y se impidió a las familias de las víctimas personarse en los procesos judiciales españoles. "Las autoridades se negaron incluso a oír el testimonio de Ludovic N., ignorando sus derechos como víctima y arrebatándole la posibilidad de que un juez español examinase su caso", aseguran.

"Sigue sin saberse la verdad, no se ha hecho justicia, no se ha reparado a las familias y, por tanto, no hay garantías de no repetición en nuestras fronteras y en Europa", indica Elena Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR. Asegura las autopsias en España fueron deficientes. En el caso de las practicadas en Marruecos, donde hubo nueve fallecidos, nunca llegaron. Estas eran cruciales para saber si las víctimas murieron ahogadas, por los golpes o por la inhalación de gases.

"Como acusación popular en el proceso penal, seguiremos exigiendo que se respete el derecho a la vida de las personas migrantes en nuestras fronteras", asegura Muñoz. Las familias, las comunidades afectadas y las ONGs continúan reclamando justicia y piden que se ponga fin a la impunidad mientras se reúnen para conmemorar el décimo aniversario de este incidente mortal.