Falta de información y empatía en salud sexual: "No me quitaban el implante anticonceptivo porque tengo dos hijos"

Una mujer de 33 años lleva un implante [anticonceptivo] y se lo quiere quitar porque hace dos años que no menstrúa. Quiere el DIU. En su centro de salud le dicen que “no le quitan el implante porque ya tiene dos hijos y, si no lo quiere tener más, lo mantendrán hasta que caduque”. Otra chica, de 19 años, acude a una farmacia para solicitar un anticoneptivo de urgencia. Allí le recriminan que es “muy joven para tener relaciones sociales de riesgo” y se niegan a dárselo, salvo que facilite sus datos personales completos (nombre, apellidos y DNI) para controlar que no abuse de esta forma de anticoncepción”. Estos son dos casos de las 413 denuncias que el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius ha recopilado entre 2019 y 2023, y que acaban de hacer públicos en un nuevo informe.

En él, más allá de las denuncias recibidas de forma individual, apuntan a “las carencias estructurales del sistema”. La mayor parte de las vulneraciones, todas de Cataluña, boprovienen de Centros de Atención Primaria. Destacan, sobre todo, la calidad y la accesibilidad a la salud sexual y preductiva, siendo las listas de espera excesivas o la ausencia de información, o de disponibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos, las quejas más habituales.

Estas denuncias llevan de forma directa de particulares, usuarias o profesionales, a través de entidades o por el registro de profesionales de la asociación y del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (Cjas). El 98% de ellas son de mujeres, con una edad media que ronda los 24 años y medio.

Falta información sobre abortos

Del total de las denuncias recibidas, el 61,13% tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), e incluyen el déficit de información detallada sobre cada uno de los métodos, la ausencia de capacidad de decidir sobre aquel que se quiera utilizar, así como el no poder abortar de forma segura, libre y gratuita.

Además, mencionan un volumen importante de denuncias vinculadas a situaciones de mujeres que desean interrumpir el embarazo y están de más de 22 semanas de gestación, y a las que se les dificulta el acceso a la información y al propio aborto.

Anticoncepción de urgencia

La segunda causa más frecuente de denuncia es el acceso a la anticoncepción de urgencia, presente en un 15,4% de los casos. Afirman que las dificultades de acceso se dan tanto en centros sanitarios de la red pública como en farmacias e, incluso, en el teléfono de información sanitaria. 061.

También se ha reportado información errónea sobre diversos temas: "Las personas menores de 16 años no pueden acceder", "hay un supuesto máximo para su acceso de hasta tres tratamientos al año", "la imposibilidad de acceder después de una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos meses” o la idea de que “es un tratamiento para el que es necesaria una valoración previa por parte de los profesionales sanitarios de las unidades de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR)”. “Todos estos temas son mitos que aparecen con mucha frecuencia”, aseguran.

En tercer lugar, se encuentran las denuncias relativas a los métodos anticonceptivos,la información sobre su funcionamiento y la libre elección de éstos, tanto para su uso como para su retirada. Hasta un 12% de las denuncias versan sobre esta temática. “Las limitaciones al acceso a algunos de estos métodos, como es el caso del DIU, o su sostenibilidad en el tiempo (concretamente en el caso de los implantes) también son a menudo reseñadas”.

Falta de empatía

Le siguen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Por ejemplo, recogen el caso de una mujer de 24 años que, tras ser contacto de un positivo de Clamidia, visitó de urgencia un centro de salud para realizarse pruebas o buscar el tratamiento. Asegura que no le hicieron ninguna prueba ni le ofrecieron alternativa. Cuando llamó a su ASSIR, le dijeron que había que esperar 10 días.

 También hay quejas a la “deficitaria atención recibida” en diferentes centros sanitarios públicos y privados, en las que destacan “el maltrato y la ausencia de empatía, las denuncias de anamnesis revictimizadoras, las actitudes moralistas o infantilizadoras, la dificultad a la hora de conseguir la realización de pruebas o de acceso a servicios cubiertos por el sistema sanitario (pruebas de embarazo, rehabilitación del suelo pélvico, etc.) y situaciones de desamparo en las que la persona necesita una atención de urgencia por un posible diagnóstico y le es denegada”.

“Las instituciones son responsables de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y tienen la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar su efectivo disfrute. Sin embargo, se hace evidente cómo se ejerce violencia institucional de forma sistémica”, aseguran.

Por eso, la asociación entregará el informe a la Síndica de Greuges, en virtud del convenio de colaboración que mantienen, así como a las autoridades competentes en la materia y otras que lo soliciten. Su objetivo con él es “contribuir al avance en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de forma efectiva” tanto en Cataluña como el resto del mundo.