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Diario de Mallorca

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Cinco años atrapado en la burocracia en Ibiza

Bruno, de 21 años, lleva cinco años tratando de regularizar su situación en España, a donde llegó con once años desde Brasil y donde, tras sufrir malos tratos y abusos por parte de su madre, ingresó en el centro de menores del que salió sin la residencia

Cinco años varado en la burocracia. / JUAN A. RIERA

"Bruno Cesar Dos Santos tiene 21 años y lleva residiendo Ibiza desde los once. Estudió en España y cuenta con la Educación Secundaria Obligatoria. A los 16 años ingresó en el centro de menores Padre Morey, en la isla, a raíz de abusos y malos tratos por parte de su progenitora. A los 18 años, y habiendo estado tutelado por el Estado, salió del centro de menores sin los papeles en regla. El mismo centro se desentendió y la familia de un amigo suyo decidió acogerle y darle ese amor que no había tenido, además de evitar que Bruno acabase en la calle. Bruno lleva cinco años varado en la burocracia, documentándose e investigando todos los caminos posibles para regular su situación. Hasta el momento, todos sus esfuerzos han sido en vano porque todo han sido obstáculos por parte de la Administración".

Así comienza la carta que el entorno de Bruno, tan desesperado como él, ha enviado al Defensor del Pueblo con la esperanza de que alguien, por fin, haga algo para rescatar al joven del laberinto burocrático en el que lleva cinco años atrapado. Cinco años en los que ha mantenido una férrea confianza que ahora empieza a desmoronarse.

El 12 de abril. Ahí cambió todo. Esa mañana, Bruno se levantó y accedió, como cada día de las últimas semanas, a su expediente de extranjería. Ese día, Bruno debía tener una respuesta, saber si le habían aceptado o no la residencia. Ese día, Bruno se encontró, de nuevo, como siempre, como todos los días previos con un decepcionante "en trámite".

El 12 de abril

"El día 11 de abril acabó el plazo de tres meses en el que Bruno tenía que recibir la resolución que le daría la residencia por circunstancias excepcionales, con la que poder trabajar y llevar la vida que merece. El problema es que ha habido un silencio administrativo negativo y no ha llegado este documento. Desde la oficina de extranjería no le dan soluciones y ha vuelto al punto de partida. La última opción que tenía Bruno era esa Resolución con la que obtendría el NIE", continúa la carta que han escrito quienes le quieren, quienes le han adoptado, quienes se han convertido en su auténtica familia. Ésa que tiene guardada en la nevera, desde hace cinco años, una botella de champán para celebrar que tiene la residencia.

Y, con ese "en trámite", Bruno, que durante cinco años había confiado en la Administración, en que cuando las cosas se hacen bien salen bien; Bruno, que durante ese lustro en el limbo había aguantado el tipo, el ánimo, la confianza y la esperanza, se vino abajo. El 12 de abril se enfadó. Lloró. Gritó. Pataleó. El 12 de abril no entendió nada. Y es que al no resolverse en plazo la resolución, además de seguir esperando, Bruno ha perdido un trabajo que le habían ofrecido y con el que estaba muy ilusionado. «Era la oferta de mi vida. Trabajar con lo que me gusta, con la música. Un trabajo con contrato para ocho meses y con un buen sueldo",, explica mientras sus dedos juegan con las esquinas de la carpeta de plástico azul en la que lleva una parte de los papeles. Un par de centímetros de impresos, solicitudes, justificantes, documentación personal… "Y estos no son todos los papeles», comenta el joven, al que no le queda otra que esperar, sin poder trabajar ni estudiar, hasta que se resuelva su expediente. "He perdido esa oportunidad. Si tardan tres meses en aprobarme la residencia ya estaremos a mitad de temporada", lamenta.

Éste no es el primer chasco administrativo al que se enfrenta a pesar de que apenas supera los veinte años. Cuando cumplió 18, salió del centro de menores, al que llegó tras los abusos y malos tratos de su madre, sin su documentación en regla. Su familia, a pesar de que Bruno había llegado a la isla con once años, nunca regularizó su situación. Un problema que no solventó tampoco la misma Administración que lo tuteló. Así, con 18 años, el joven se vio fuera del centro, sin documentación y sin poder buscar un trabajo ni formarse en lo que le gustaba. "Si no llega a ser por mi familia no sé dónde estaría", reflexiona el joven, que cuando habla de su familia, de su madre, de su hermano y de su abuela, se refiere no a su familia de sangre, sino a la de corazón, la que desde que era un adolescente le ha cuidado, protegido, ayudado y acogido. En aquel momento, tras denunciar públicamente su situación, el Consell, responsable del centro de menores, se comprometió a garantizarle la paga de emancipación que reciben los chavales al cumplir 18 años y dejar de estar tutelados y a intentar arreglar su situación. En aquel momento, la opción que le dieron para conseguir la residencia fue a través de una preoferta de trabajo. "Pero llegó el covid y eso ya no fue posible. Las empresas cerraron, echaron a gente...", recuerda. "Hace unos meses, Escrivá (el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá) lanzó una propuesta en la que había un punto al que se podían acoger los menores extutelados que no tuvieran la residencia. Me aferré a eso", comenta sobre la petición que presentó y a la que debían responderle en un máximo de tres meses, el 12 de abril, como tarde.

Sin poder trabajar ni estudiar

"Pero no se ha resuelto y sigo en el limbo. Me he planteado interponer un recurso, pero en todos sitios me han dicho que es contraproducente", indica el joven, que confiesa que sin poder trabajar legalmente ni estudiar la única opción que le queda es darle vueltas constantemente al problema. "No es justo. Yo no he hecho nada malo. Llegué aquí de niño, mi madre no arregló mi situación, tuve que huir de mi casa y estuve en un centro de menores del que salí sin la residencia", comenta Bruno, que guarda todos y cada uno de los papeles que pueden acreditar que lleva la mitad de su vida en España: informes médicos, expedientes académicos...

Ha llamado a extranjería en numerosas ocasiones para explicar la dramática situación en la que se encuentra. "Pasaron de escucharme", lamenta Bruno que incluso ha barajado la idea de casarse con su novia. «Es la forma más fácil, pero casarte es una de esas cosas que aprendes que no debes hacer corriendo», indica el joven, que por regularizar su situación ha hecho un viaje complicado: ponerse en contacto con su madre. "Fue un error", indica. Bruno reflexiona sobre a dónde podría llegar a llevarle esta kafkiana situación: "Sientes que te obligan a hacer algo malo. Tengo a mi familia, pero si no fuera así todo te llevaría a hacer algo malo". No quiere pensar en la opción de que le deporten. En Brasil, país que abandonó hace más de diez años, no tiene a nadie. "Esto, estar como si no existieras, es una tortura, te vuelves loco", concluye.

"La situación es desesperada y está en juego su salud mental, ha sido privado durante cinco años de todos sus derechos. No es justo que un joven de 21 años no pueda estudiar ni trabajar. Por esta razón buscamos ayuda del Defensor del Pueblo, el tiempo pasa y la vida de Bruno no puede esperar", concluye la carta.

Meses de retraso en extranjería

"Es una lástima la situación de Bruno, pero no depende de nosotros, la oficina de extranjería está saturada", apunta Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social, que asegura que en su momento su departamento hizo todo lo posible para arreglar los papeles del joven. "Su familia nunca lo hizo. Aquí se le acompañó a la embajada, en Barcelona, para que tuviera el pasaporte, se le arregló la paga de emancipación y se vio que la mejor opción era la carta de trabajo, pero con el covid las empresas cerraron y esa opción se fue al garete", continúa la consellera, que se compromete a "hacer algunas llamadas" para ver cómo está el trámite.

Desde el Gobierno reconocen que en la oficina, a pesar del reciente incremento de personal, están saturados por el altísimo volumen de expedientes por resolver y recordaron que los afectados por el retraso pueden consultar la demora que acumula su expediente para calcular, aproximadamente, cuándo se resolverá. 


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