Suscríbete

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Debate

¿Es ético obligar a la gente a vacunarse?

Austria se convertirá el próximo martes en el primer país europeo donde será obligatorio vacunarse contra el coronavirus

Concentración en Barcelona con motivo de la Manifestación Mundial por la Libertad 6.0 en contra de la vacunación obligatoria y el certificado covid.

La vacunación obligatoria contra el covid entrará en vigor en Austria este 1 de febrero. La medida es extraordinaria: por mucho que algunos países de la UE tengan por obligatorias algunas de las vacunas que habitualmente se aplican a los niños, la decisión austriaca no tiene precedentes entre las democracias europeas. Y no es baladí: en la decisión de obligar a toda una población adulta a vacunarse –las multas por no hacerlo oscilan entre 600 y 3600 euros– hay comprometidas cuestiones de moral, ética, derechos individuales, derechos colectivos, por supuesto cuestiones legislativas. No es exagerado decir que sanitariamente hablando va camino de convertirse en uno de los grandes debates de nuestro tiempo.

Principios éticos

Empecemos por las cuestiones éticas. Àngel Puyol, filósofo, catedrático de Ética de la UAB y miembro del Comité de Bioética de Cataluña, recuerda que cada vez que el comité ha sido requerido para pronunciarse sobre la obligatoriedad de las vacunas –contra el covid o cualquier otra enfermedad– no ha encontrado razones para, dice, “prohibir la obligatoriedad”. “No hay un principio ético al que podamos agarrarnos para prohibir la obligatoriedad”, explica. A la pregunta de si vacunarse es una obligación moral, el filósofo contesta que lo es en el caso de una vacuna como la del coronavirus, dirigida a contener una enfermedad contagiosa y de cuya aplicación masiva depende la conquista de una crucial inmunidad colectiva. Algo, explica, “beneficioso para el conjunto de la población, y especialmente para los más vulnerables”.

“La inmunidad colectiva es una responsabilidad colectiva”, dice Puyol, “y no debemos confiarla solo a la responsabilidad individual. Hay un deber colectivo de lograr esa inmunidad y cada uno de nosotros forma parte de ese deber. Por eso, cuando algunos ciudadanos dicen: ‘Bueno, y yo por qué debo vacunarme si a mí no me beneficia directamente’, es una mala interpretación de los deberes morales, porque parte de esos deberes pasan por proteger al conjunto de la población. Formamos parte de una sociedad que genera necesidades colectivas y una serie de deberes colectivos, y uno de ellos es el de contribuir al bien común, que en este caso es la inmunidad colectiva. Es cuando no hay bastantes personas que se vacunan para lograr esa inmunidad cuando tiene sentido poner sobre la mesa la vacunación obligatoria”.

Condiciones

Eso: el cuándo. La ciudadanía española ha sido una de las más aplicadas del mundo a la hora de vacunarse, de manera que nadie –nadie en las alturas administrativas– ha tenido ni que remotamente pensar en vacunación obligatoria. Pero, ¿de no haber sido así? ¿Se habría justificado obligar a la gente? Norbert Bilbeny, filósofo y catedrático de Ética de la UB, dice que sí; que a fin de cuentas, todo es una cuestión de responsabilidad. “Es por responsabilidad que hay que actuar en favor del bien colectivo, y es por responsabilidad que el bien privado no puede imponerse sobre el bien público. Siempre debe imperar el bien común, incluso en las democracias liberales. De modo que está justificada éticamente la obligación de vacunarse en un escenario en el que se pudiera concluir de toda evidencia que la no vacunación voluntaria es justo lo que impide acabar con una pandemia colectivamente desastrosa. Solo en este caso la obligación legal, justificada en una obligación moral, sería digna de ser consentida”.

Dicho esto, Bilbeny subraya aquello de “pandemia colectivamente desastrosa”, y dice que la vacunación obligatoria no debería contemplarse sino como un último recurso, o uno de los últimos. “Yo creo que las medidas de obligación legal no son buenas éticamente hablando. La obligación moral, esa la defiendo, pero no hasta el punto de convertirla en obligación legal”.

Casos extremos

Lo que la filosofía contempla desde la altura de lo conceptual la medicina lo mira con ojos, digamos, más prácticos, pero el resultado viene a ser el mismo. Salvador Macip es médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la UOC, así como miembro del comité científico de expertos que asesoran a la Generalitat en las cuestiones relacionadas con la pandemia. Macip dice que, por descontado, antes que obligar hay que convencer, y que la vacuna obligatoria debería una opción de emergencia, pero que, sin duda, “puede ser un recurso si no hay otras alternativas”. “Yo lo reservaría para casos como un descontrol de los contagios, y si el índice de vacunación es muy bajo. Si la gente no se vacuna y no te funcionan los incentivos”. Un último recurso, tal y como ha defendido el Gobierno austriaco. O como señalaba el Ejecutivo alemán antes de dar marcha atrás. No es una decisión fácil. 

“Evidentemente”, dice Macip, “con el porcentaje de vacunación de España sería muy difícil de justificar”. “En cambio, con porcentajes como los que estamos viendo en Europa del Este ya es otra historia. Cuando hay mucha reticencia a la vacuna me parece legítimo poner en marcha una estrategia de emergencia. Pero aun en ese caso soy partidario no de hacerlo directamente sino incentivando, como se ha hecho con el pasaporte covid. Básicamente limitando lo que pueden hacer los no vacunados, más que pasando una ley que te obligue a vacunarte”.

¿Sería legal?

Una hipótesis: el índice de vacunación en España es extraordinariamente bajo, hay un potente movimiento antivacunas, la pandemia está desatada. El Gobierno, desesperado, pone sobre la mesa la posibilidad de sacar adelante un mecanismo para imponer la vacunación obligatoria. ¿Sería legal? ¿La vacunación obligatoria estaría amparada por ley? “Estaría amparada”, dice Francesc José María, abogado especialista en derecho sanitario y bioética y miembro de la junta de la Asociación de Juristas por la Salud. “Hay fundamentos jurídicos suficientes. La ley orgánica de 1981, por ejemplo, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, permite adoptar medidas, cualquier tipo de medidas, para luchar contra las enfermedades infecciosas. Luego está la ley orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, o la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Hay incluso una ley que se discute si está o no en vigor, yo creo que sí, que es la ley 22 de 1980, que específicamente dice que en todos los casos de enfermedades infecciosas, si existen medios de vacunación de reconocida eficacia, las autoridades sanitarias pueden imponerlos. Por tanto, las autoridades tienen una especie de cheque en blanco y pueden adoptar las medidas que consideren necesarias, entre ellas la vacunación obligatoria”. “Por supuesto”, añade el experto, “la imposición de algo tan serio como una vacuna requiere un juicio previo de necesidad, proporcionalidad e idoneidad”.

José María recuerda que tanto el Comité de Bioética de España como el Comitè de Bioètica de Cataluña se han pronunciado “a favor de la obligatoriedad de la vacunación en determinadas circunstancias”, y que ambas han coincidido en que es “aceptable desde el punto de vista ético” ante “la necesidad de proteger el bien común que es la salud pública” en una situación de pandemia “como la actual”. “Por tanto”, concluye, “no hay duda jurídica ni hay duda ética”, y “a partir de ahí la autoridad sanitaria tendría que entrar a ponderar otros elementos”.

Los trabajadores sanitarios

De modo que, sobre la vacunación obligatoria: sí, es legítimo, pero solo en escenarios extremos. Las tornas giran un poco cuando la cuestión bascula de obligar a toda la población a obligar a un segmento de población: los trabajadores sanitarios. Para Puyol, “las personas que tienen el encargo profesional de atender a los más vulnerables a cursar una enfermedad grave, en este caso el covid, tienen el deber moral de vacunarse. Se trata de un deber moral superior al que puede tener un ciudadano normal, porque son profesionales que tienen el encargo social de cuidar a personas vulnerables, y si no están vacunados ese encargo no se cumple”. El Comité de Bioética, desde ese punto de vista, recomienda a los colegios profesionales “que consideren que sus profesionales no vacunados podrían incurrir en mala praxis”.

El escenario en el cual un profesional que está en las trincheras de la lucha contra el covid opta por no vacunarse a muchos les resulta directamente difícil de digerir. “A mí me cuesta entender”, dice Macip, “que una persona que está todo el día viendo enfermos no quiera vacunarse. Me parece un tema de no entender cómo funciona tu trabajo. En un caso así te vacunas no solo para protegerte a ti y a los demás, también para dar ejemplo. Si un sanitario no hace esto no sé qué hace haciendo este trabajo. En este caso sí que es muy claro, no tendría ni que haber opción. Para mí el personal sanitario está en una categoría diferente”.

Cuestión de derechos

Una nueva hipótesis: el Gobierno español aprueba la obligatoriedad de la vacuna para los mayores de 18 años, como en Austria. Alguien, como es habitual, impugna la decisión ante los tribunales. ¿La subsiguiente batalla jurídica sería entre qué y qué? ¿Entre libertad individual y derecho a la salud? “Tal y como yo lo veo”, dice el abogado José María, “habría de un lado una serie de bienes jurídicos protegidos como la libertad individual, la dignidad personal o la autonomía de la voluntad, frente a otros derechos, también reconocidos constitucionalmente, entre los que destaca el derecho a la protección de la salud comunitaria. A partir de ahí la justicia tendría que valorar esos criterios que ya he mencionado de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. En síntesis, los derechos del individuo frente a los derechos del colectivo.

“Un viejo dilema”, abunda Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la UPF. “El viejo dilema, a nivel global, entre comunitarismo e individualismo, que es algo muy característico de la cultura occidental judeocristiana. Pero ya sabemos que el interés colectivo se impone siempre sobre el individual, y no tanto a través de mecanismos coercitivos como a través de la presión social. El que no se comporta de una manera solidaria o siguiendo las normas colectivas es objeto de ostracismo y crítica”. La vacuna obligatoria, en este sentido, debería imponerse por presión social, no por imperativo legal, dice. “En el dilema entre prohibicionismo y consenso, ya lo decía Antonio Gramsci, es mucho más efectivo cuando la población asume una norma porque la ve como algo necesario que no el tener que imponer medidas restrictivas, puesto que siempre hay escapatorias y connatos de disidencia. Está sucediendo en Francia, donde las restricciones son mayores y hay todo un discurso antivacunas muy potente que glorifica la libertad individual”.

Forzar y obligar

Para Bilbeny, no vacunarse “es un derecho”, y dice: “Es muy importante, pues es el derecho de alguien que no se deja intervenir físicamente, alguien que dice: ‘No toques mi cuerpo’. Forma parte de la ética y la democracia”. “Pero”, añade, “junto a eso es igualmente justificable el derecho del resto de la ciudadanía a evitar las consecuencias de los que no se vacunan. Al final lo que creo es que la libertad de unos no puede existir a costa de la salud de otros”. En la misma línea opina Macip, que dice que, “por supuesto, no hay que pisar derechos cuando no toca, pero la salud pública exige un compromiso, y hasta cierto punto una cesión de derechos”. “La vacuna contra el coronavirus”, explica, “es un ejercicio comunitario para protegernos los unos a los otros, y la libertad individual tiene que ser considerada dentro de este contexto”.

Para terminar, que nadie se imagine cuando se habla de vacuna obligatoria a un escuadrón de policías sanitarios persiguiendo a antivacunas por la calle. “Hay que distinguir entre vacunación obligatoria y vacunación forzosa”, explica Puyol. “Es una distinción fundamental. Forzar a vacunarse a alguien que no se quiere vacunar es que al final tiene que venir la policía, agarrarlo entre varios, cogerle el brazo y vacunarlo, y eso en ningún caso es aceptable”. En un territorio donde la vacuna es obligatoria, prosigue, “aquel que no se quiere vacunar tiene que compensar a la sociedad con algún tipo de contribución. Puede ser con una sanción, o puede ser con el acceso vetado a determinados espacios públicos, o con algún tipo de restricción que no tienen los demás”. ¿Las restricciones que impone, por ejemplo, el pasaporte covid? “Sí, en cierto modo el pasaporte covid es una forma de obligatoriedad de la vacuna. Al final, hay dos formas de obligar a alguien a vacunarse. Uno, a través de una restricción, de algo negativo: no te dejo entrar en un restaurante, en una residencia de ancianos, no te dejo viajar. Y otra, a través de incentivos positivos. Te doy un premio. En EEUU premian a los que se vacunan, ¿no?”.

Compartir el artículo

stats