El prior y el diácono de Lluc declaran ante el juez como investigados por presunto acoso laboral

El prior de Lluc, Marià Gastalver, y el coordinador y diácono permanente del santuario, Antoni Moreno, han sido citados este lunes por la mañana a declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Inca por un caso de presunto acoso laboral a raíz de una denuncia presentada por una extrabajadora del santuario el pasado 12 de diciembre de 2022 en el juzgado de guardia de Inca. 

Según su versión, esta empleada habría sido víctima de una serie de irregularidades como la realización de horas extraordinarias que no fueron cotizadas ni abonadas por la empresa gestora del santuario de la Serra, por lo que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo el 23 de noviembre de 2021 que posteriormente fue ampliada el 11 de febrero de 2022. Como «represalia» a esta denuncia, según denuncian fuentes de la defensa de la trabajadora, fue despedida en noviembre de 2022 mediante una carta notificada vía burofax después de una trayectoria de 15 años. 

Lletra menuda: Secuelas y costes del silencio

Por este motivo, además del caso penal cuyas diligencias previas se han iniciado este lunes en el juzgado de Instrucción número 1 de Inca, se ha señalado un juicio en los juzgados de lo social de Palma para el próximo 27 de noviembre para determinar la posible improcedencia del despido.

Gastalver y Moreno han llegado sobre las 9 horas a los juzgados de Inca para declarar en calidad de investigados. Les acompañaba el abogado Miquel Arbona. Ninguno de los dos ha querido realizar declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los juzgados para dar a conocer su versión de los hechos que se les imputan.

La denunciante asegura que durante la situación de ERTE parcial aprobada por el santuario durante la pandemia del Covid-19 y que afectaba tanto a ella como a otros trabajadores de Lluc, tuvieron que realizar horas extras «al margen del ERTE» que «no fueron cotizadas ni mucho menos abonadas por la empresa», lo que la defensa de esta empleada considera como un «claro fraude a la Seguridad Social» y un «claro abuso de poder» por parte de los administradores del santuario.

Así, relata que una vez declarada la situación de alarma por la pandemia, la denunciante y otros siete compañeros de las áreas de limpieza, recepción, mantenimiento y cocina «fueron puestos en situación de ERTE parcial de cuatro horas, reduciendo su jornada en un 50%». El resto de la plantilla fue objeto de un ERTE total. «No obstante, nunca se cumplieron las condiciones y requisitos legales de dicha situación conforme a la legislación vigente, con la angustia y el desasosiego que ello generaba a la denunciante por las especiales circunstancias sanitarias del momento», explican fuentes de la defensa de esta trabajadora.

A partir de junio de 2020 la carga de trabajo «empezó a incrementarse de forma exponencial», con las instalaciones del santuario llenas de huéspedes, y las trabajadoras de limpieza «fueron exigidas por la empresa a realizar horas al margen del ERTE y a destajo». «La empresa les obligaba a apuntarlas en folio aparte, sin que las mismas fueran ni cotizadas ni tan siquiera pagadas por la empresa», denuncian las fuentes, que añaden que se llevaba a cabo «un doble cómputo» con dos hojas de registro: una para entregar a la gestoría coincidente con el tiempo oficial de ERTE y otra para información interior, donde constaban las horas reales. «Hacer horas y apuntarlas, no os preocupéis. Ah, y gracias por vuestro trabajo», decía el prior, según la versión de la denunciante.

Después de ampliarse el negocio turístico al convento de las monjas franciscanas, con el consecuente aumento de la carga de trabajo, la situación «devino insoportable» para la denunciante. «Esto es lo que hay, y si veo algo que no me gusta habrá consecuencias», habría dicho el diácono Moreno a los trabajadores. «La gota que colmó el vaso se produjo en octubre de 2021, cuando estuvo trabajando sin librar ningún día durante 20 días seguidos sin interrupción, sufriendo constantes comportamientos humillantes», denuncia.

Como consecuencia del «acoso y trato vejatorio, vilipendioso y denigrante», esta empleada se puso de baja médica el 11 de noviembre de 2021 con el diagnóstico de «ansiedad generalizada por acoso laboral». Actualmente, sufre un «trastorno adaptativo mixto, ansioso depresivo reactivo compatible con un acoso laboral», por lo que cumple un tratamiento farmacológico consistente en Paroxetina, Lorazepán y también asiste a terapias.