La transparencia y el diálogo social no tienen porqué estar reñidos con los principios castrenses. Solo sería admisible su restricción en situaciones concretas que afecten a la seguridad de todos. Este no parece ser el caso de la finca de Rafaubeig. En ella, el ministerio de Defensa ha dejado que su imagen quede arañada por un vallado inexplicado.
También es una desproporción que el asunto llegue al Senado, pero la legítima demanda de información y la preservación de los bienes públicos sirven de argumento suficiente al senador Vidal para la interpelación parlamentaria. Mucho más cuando Defensa ha buscado el resquicio legal para vallar por su cuenta y riesgo dando la espalda al ayuntamiento –los vecinos– de Calvià.
En tiempos de alta tecnología y controles sofisticados, las verjas militares se vuelven desfasadas. Son un desencuentro entre sociedad y milicia que necesitan alinearse en una misma formación de intereses coincidentes. Rafaubeig tiene derecho a saber si puede confiar en la defensa medioambiental.