Los terrenos de la urbanización de Muleta II, también denominada Costa Blanca según consta en el Catastro, dejaron de pertenecer a Birdie Son Vida después de que un banco ejecutara una hipoteca a la empresa vinculada al magnate inmobiliario Matthias Kühn. Con la reestructuración del sector bancario, los 43.642 metros cuadrados de suelo pasaron a la Sociedad de Gestión de activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, un organismo al que se conoce con el acrónimo de la Sareb.
Así lo han corroborado fuentes del ayuntamiento de Sóller, que han apuntado cómo la Sareb intentó vender de los terrenos que fueron transformados en rústico con la moratoria urbanística dictada en el año 2018. Esta moratoria y el proceso judicial que conllevó poco después desembocó la semana pasada con un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que condena al Ejecutivo autonómico a pagar 63,5 millones de euros de indemnización a Birdie Son Vida, la expropietaria de los terrenos de Muleta II. A esta cuantía se le añadirán los intereses de demora que, en estos momentos, ascienden a otros 28 millones. Según explicaron desde el Ayuntamiento, antes de la desclasificación de Muleta Birdie Son Vida acudió a un banco para solicitar un préstamo hipotecario.
La empresa de Kühn avaló la operación con los terrenos del Port de Sóller, pero años después, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, Birdie Son Vida entró en problemas financieros. Además de entrar en un concurso de acreedores, la empresa dejó de pagar la hipoteca, por lo que el banco que la emitió ejecutó sus derechos. Es decir, se apropió de los terrenos de la promotora inmobiliaria de Kühn para saldar la deuda de Birdie.
Quiebra de promotoras
Debido a los problemas económicos derivados de la crisis de hace una década, los bancos vieron aumentar su stock de vivienda fruto de la quiebra de promotoras y familias, que dejaron de pagar sus hipotecas. Como consecuencia de esta situación, el Gobierno creó la Sareb para asumir los activos inmobiliarios de los bancos para evitar su colapso. Fue después de crearse la Sareb cuando el banco que había ejecutado la hipoteca sobre Muleta II terminó cediendo estos terrenos a la sociedad de gestión de activos inmobiliarios. La Sareb intentó vender estos terrenos en el 2021 en una operación fallida con una promotora hispano-alemana, después de que quedara corroborado que en Muleta II, Costa Blanca, no se podía edificar. Sin embargo, si finalmente el TSJB acaba por dar firmeza a la multimillonaria indemnización su beneficiario será Birdie Son Vida, promotora del proceso legal contra el Govern, al margen de quienes sean actualmente los propietarios de los terrenos desclasificados desde 2008. El alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), ha apuntado con el dedo acusador al expresident Francesc Antich como responsable «de la mayor indemnización que habrá tenido que pagar el Govern para desclasificar una urbanización», en referencia a Muleta II. El alcalde ha acusado al actual director de la Autoritat Portuària de ser el «promotor de una chapuza que costará millones de euros al ciudadano» y ha recordado que «la culpa no es del Govern, que llegó a un acuerdo transaccional en 2013 [del PP] con la propiedad para evitar la indemnización que sin embargo ha acabado por caer», sino «de aquel Govern que se dedicó a desclasificar urbanizaciones a la ligera sin tener en cuenta sus consecuencias».
Carlos Simarro ha tildado de «irresponsables» a los sucesivos gobiernos de izquierdas que han promovido varias moratorias urbanísticas «que han dado pie a indemnizaciones que ascienden a estas alturas a más de 225 millones de euros».
Al margen de la andanada contra el Govern de Antich, el alcalde ha instado al ejecutivo autonómico a «acabar el trabajo que empezaron», y por eso cree que «lo que deberían hacer ahora es retirar el asfalto, las calles, los transformadores y las canalizaciones para hacer de estos terrenos un suelo verdaderamente rústico como ellos lo clasificaron».
Tres veces el túnel de Sa Mola
El alcalde ha manifestado su malestar con el coste de la indemnización a la que se enfrenta el Govern en caso de que sea finalmente ratificada por el Tribunal Supremo «porque con estos millones se podrían hacer muchísimas cosas por Sóller». A modo de ejemplo, el alcalde ha asegurado que «perforar el túnel de Sa Mola costó 30 millones». Es decir, según sus cálculos «con lo que nos va a costar Muleta se hubieran podido hacer inversiones en Sóller equivalentes a lo que costó tres veces el túnel del Port».
