Es muy probable que nunca tres kilómetros de recorrido subterráneo hubieran dado para tanto. El túnel de Sóller, aún arrastrando la asignación técnica de ser uno de las más inseguros de Europa, es una comodidad en la movilidad de la Mallorca saturada en tiempos exentos de pandemia, una puerta abierta, y por tanto un riesgo, para el endemismo natural y humano de la Vall y un trazo suelto en verso disonante dentro del mapa de carreteras de la isla.
Siempre en el punto oscuro de la polémica y la controversia, ha sido también un peaje caro que hemos pagado de forma indirecta desde que el Consell rescató la concesión en diciembre de 2017. Todo ello, por supuesto, con mediación judicial, desde las obras de ejecución al rescate, porque el túnel de Sóller es, sobre todo, el primer y mayor exponente de la corrupción política tan pulcramente asfaltada en esta tierra. Los métodos de perforación administrativa utilizados ya costaron el cargo al president Cañellas en 1995.
Ahora el Consell se dispone a desmontar los vestigios del que ha sido el peaje más caro de España. Se gastará más de trescientos mil euros en retirar las ya inservibles casetas de cobro y barreras de control. Admite que, aún hoy, siguen entorpeciendo la circulación y que hace falta organizar el tráfico de entrada y salida. En pocas palabras, el túnel sigue siendo muy oscuro en todos los sentidos del término.
El objetivo es borrar del paisaje y de la carretera los obstáculos materiales y normalizar la seguridad y la velocidad de circulación. Con ello el Consell persigue el beneficio secundario de limpiar la imagen de la administración autonómica en su controvertida gestión histórica del túnel. Costará porque en la memoria colectiva persiste la asociación del lugar con la corrupción y la rémora de un peaje reciente y discutido.
