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El decreto de territorio del Govern divide el voto del equipo de gobierno de sa Pobla

El Pi y el PP en la oposición suman fuerzas y con la ayuda de IxSP aprueban mociones que reclaman la anulación de la norma

Miembros de la corporación, durante un reciente acto en recuerdo a las víctimas de la Covid-19. ajuntament

El equipo de gobierno del ayuntamiento de sa Pobla, integrado por El Pi, Més, PSOE e Independents per sa Pobla (IxSP) mostró fisuras en el pleno del pasado jueves con motivo del decreto territorial del Govern que limita la construcción en suelo rústico. El PP y El Pi presentaron mociones muy similares contrarias al decreto que resultaron aprobadas con el voto de ambos partidos y de dos de los tres ediles de IxSP, mientras que los otros dos componentes del gobierno local, Més y PSOE, no apoyaron la propuesta. Los socialistas presentaron otra moción alternativa a favor del texto que fue rechazada por la mayoría del pleno.

A pesar del diferente voto emitido por los miembros del equipo de gobierno, el alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert (El Pi), quitó ayer hierro a la división. Al contrario, valoró de forma "muy positiva" el hecho de que cada partido "defienda su propia ideología". Gelabert explicó que en la junta de portavoces anterior a la sesión plenaria, él dio libertad de voto a los regidores para que se expresaran así como creyeran conveniente sobre un decreto que, según las mociones aprobadas por el pleno, "devalúa el patrimonio de los payeses".

En este sentido, el alcalde añadió que las limitaciones contempladas en el decreto del Govern frenan las incipientes expectativas de negocio turístico en el municipio. "Ahora sa Pobla empieza a tener vida con las 1.800 plazas de alquiler turístico que hay, que contribuyen a arreglar casas y fincas rústicas, y este decreto pone palos en las ruedas", señaló.

Por su parte, el PP se congratuló ayer de que gracias a su propuesta, "sa Pobla ha dicho no a la convalidación de este decreto de territorio" que, "a grandes rasgos, prohíbe el uso residencial en Áreas de Protección de Riesgo, establece una moratoria de determinados urbanizables no desarrollados de 400 hectáreas hasta el 31 de diciembre de 2021 y se crea otra moratoria de 'falsos urbanos' de 200 hectáreas hasta la misma fecha".

Según los populares, el decreto "producirá un incremento de los precios de tierra disponible para edificar". Su portavoz, Violeta Rodríguez, aseguró que "si el Govern y el Consell siguen adelante (con el decreto) habrá consecuencias muy negativas para la economía en general".

Respecto a la posible construcción del colegio de Sant Francesc que podría quedar afectado por el decreto, el alcalde Gelabert señaló ayer que "más de dos terceras partes del terreno corresponden a una urbanización consolidada, y esto salvará al proyecto", aunque todavía se está pendiente de varios informes al respecto.

Por su parte, Més se había posicionado a mediados de esta semana a favor del decreto que limita el crecimiento en rústico, asegurando que "pone en valor la patata poblera" ya que "beneficia al uso agrícola en suelo rústico en detrimento de otros usos como el turístico o el residencial, que comprometen la competitividad productiva de la payesía", según su portavoz Antoni Simó.

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