Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El PP pide explicaciones por la suspensión del colegio de Can Cirera Prim de sa Pobla

Critica el "caos" de la Conselleria en la gestión de las infraestructuras educativas

El PP pide explicaciones por la suspensión del colegio de Can Cirera Prim de sa Pobla

El PP de sa Pobla exigió ayer que el próximo curso escolar en el municipio empiece "en instalaciones óptimas para todo el alumnado" y reclamó "explicaciones claras" sobre la suspensión de la construcción de la escuela modular de Can Cirera Prim después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales haya obligado a contratar de nuevo el montaje del centro educativo después del recurso de una empresa que perdió la licitación, tal y como avanzó ayer este periódico.

Los populares "no descartan" pedir "responsabilidades políticas" a la conselleria de Educación por lo que consideran un "caos" en la gestión de las infraestructuras educativas en la localidad poblera, ya que "solo hay un solar" para la construcción del futuro colegio de Educación Infantil y Primaria.

En este sentido, la portavoz del PP de sa Pobla, Violeta Rodríguez, señala que el Ayuntamiento tenía previsto aprobar ayer en sesión plenaria poner a disposición de la Conselleria el terreno comprado en 2019 por 90.785 euros.

Largo recorrido administrativo

"Se pone así punto final a un largo recorrido administrativo iniciado por el PP en agosto de 2016 y que consiguió la unanimidad de todos los partidos políticos para iniciar la búsqueda de un solar apto para un nuevo CEIP que en aquel momento era más que necesario a causa de los problemas de escolarización que denunciaba la comunidad educativa", añade la portavoz popular.

El PP cree que el problema "se agravará" en el próximo curso por la "anulación judicial del contrato de compra" del centro modular de Can Cirera Prim, "sin que ningún dirigente de la Conselleria dirigida por el PSOE haya asumido a día de hoy ningún tipo de responsabilidad por haber continuado el procedimiento de compra por más de 600.000 euros a pesar de saber que el recurso interpuesto por una de las empresas excluidas podía suponer la anulación y la obligación de indemnizar a la empresa ya contratada".

Según los populares, "lo más grave es que a día de hoy no hay aulas para los niños escolarizados, y si llegan, el coste a pagar podría llegar a ser el doble".

Compartir el artículo

stats