Antes que un acceso cómodo y seguro entre la Vall y el resto de Mallorca, el túnel de Sóller es un eterno y oscuro socavón en el que lleva tres décadas enterrada una parte significativa de la gestión institucional y política de esta isla. Resulta prácticamente imposible hallar una obra pública condenada a mayor despropósito de intereses y aprovechamientos cruzados. Anoten en el GPS mala praxis política y bancaria y les conducirá irremediablemente al túnel de Sóller.
Ya no se trata de remarcar si el viaducto subterráneo mallorquín ha sido el de peaje más caro y el de mayor inseguridad vial de toda España. Son circunstancias acreditadas que vienen superadas por una sucesión de desencuentros en la gestión, buena parte de ellos intencionados. También resulta muy complicado hallar una sigla partidista autorizada para tirar la primera piedra sobre el dinero enterrado en el túnel de Sóller. Y, a pesar de ello, sigue vigente el cruce de acusaciones. El túnel de Sóller nunca tendrá una salida digna. De llegar a alcanzar la luz de la normalidad, seguirá siendo a un desorbitado coste para el erario público, en definitiva para el bolsillo de los mallorquines que siempre se han quejado de tener que poner mano a la cartera para cruzar la Serra. El Consell seguirá haciéndolo por todos nosotros. Es el autoengaño de quien paga sus propios regalos.
Ahora el juez echa al traste el rescate realizado por el órgano insular en 2017 por insuficiencia de "interés público" en la operación y se entra en una nueva dinámica de pleitos. Cobra fuerza la teoría de quienes veían en el rescate un capricho de compromiso electoral cuando apenas faltaba un lustro para el vencimiento de la explotación. Desde el punto de vista del interés general que el juez no observa en el rescate del Consell, el verdadero problema está en que la institución no ha conseguido abrir una vía del diálogo para salir del largo túnel de pleitos y costosas indemnizaciones.
