Varios socios del patronato Joan XXIII de Inca han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía instándole a que investigue unos presuntos delitos cometidos por personas vinculadas a la junta directiva de dicho patronato. Joan XXIII es una institución con más de 40 años de historia dedicada a la atención de personas con discapacidad psíquica, que se financia, entre otros medios, mediante subvenciones públicas. El ámbito de actuación del patronato es la comarca de Inca.

Los denunciantes informan al fiscal de unos hechos que, de ser ciertos, pueden ser constitutivos de los siguientes delitos: falsedad documental, apropiación indebida, administración desleal, encubrimiento, delito contable y malversación.

El origen de la denuncia se basa en unas manifestaciones efectuadas por el exalcalde de Inca, Pere Rotger, que fue presidente de la entidad hace un año y que actualmente es candidato para presidir el patronato. Manifiestan los denunciantes que se celebró una reunión en Inca, a la que asistieron Rotger y tres trabajadoras de la asociación. Fue en dicha reunión donde el exalcalde manifestó que en la gestión de la junta directiva se han cometido hechos que podrían constituir varios lícitos penales.

Rotger fue presidente de Joan XXIII en 2017, ejerciendo el cargo durante cuatro meses, y lo dejó de forma voluntaria "con la condición de no decir lo que sabía", según consta en la denuncia.

En la reunión con las trabajadoras explicó que existían discrepancias con los otros miembros de la junta, mencionando a uno de los cargos de dicha junta que responde por las iniciales A. L. C. Las discrepancias atañen a presuntos cobros efectuados por A. L. C., que se cifran en 25.000 euros anuales facturados durante 10 años en concepto de asesoría laboral. Los estatutos del patronato indican que los miembros de la junta directiva no pueden recibir compensación económica por ostentar sus cargos.

Según sostienen los denunciantes, Rotger les manifestó que, por motivos personales "y en su propio beneficio, a A. L. C. no le interesó seguir facturando a la asociación por asesoramiento laboral, sino que contrató a dedo a la empresa de asesoría Saurina". Indica la denuncia que "sobre este hecho tenían conocimiento los demás miembros de la junta, sin que ninguno de ellos lo denunciara".

Los denunciantes agregan que "según las manifestaciones de Rotger contrató a la asesoría a cambio de que ésta le proporcionara la gestión de todas las empresas que llevan los temas sobre el TAMIB". Según la denuncia "Rotger pidió la dimisión de A. L. C. y al no obtener apoyo optó por dimitir él".

El escrito explica que Pere Rotger manifestó "que las auditorías externas entregadas por el patronato están cogidas con pinzas, ya que en el poco tiempo en que estuvo como presidente los auditores le explicaron como debía hacerse la auditoría para que fuera presentada ante las instituciones públicas". Cabe destacar que el patronato recibe cada año varios millones de euros en subvenciones de la administración.

Los demandantes solicitan a la Fiscalía que inicie una investigación, informando de los testigos que han asistido a los hechos mencionados, entre los que se encuentran el propio Pere Rotger y la presidenta de la entidad, Magdalena Corró. Insisten en que se les tome urgente declaración.

También piden que se requiera el libro de socios actualizado; la contabilidad y las auditorías efectuadas durante diez años; los datos de los auditores y que porten la documentación que el patronato les entregó para realizar dichas auditorías; extractos de cuentas bancarias; subvenciones recibidas; las facturas de A. L. C. al patronato de los últimos diez años y documentación que acredite los trabajos y servicios prestados de los que derivan dichas facturas.