18 de octubre de 2019
18.10.2019
Polémica

Joan XXIII convocará una asamblea cuando acabe de auditar sus cuentas

Unos cuarenta socios han presentado una demanda judicial reclamando elecciones

18.10.2019 | 15:44
Félix Amorós, en el centro de la imagen, explicando la postura de la junta directiva

La presidenta de la junta directiva del Patronato Joan XXIII, Magdalena Corró, y el representante legal de la entidad, Félix Amorós, han manifestado esta mañana que la asamblea general que reclaman judicialmente unos 40 socios se convocará "en cuanto esté terminada la auditoría que lleva a cabo una entidad para poder ofrecer a los socios el estado de cuentas con la mayor transparencia posible".

Joan XXIII es una entidad que trabaja en favor de personas con discapacidad psíquica y que gestiona nueve centros en las comarcas Nord, Raiguer y Pla de Mallorca.

El antecedente que ha provocado esta reacción ha sido una demanda judicial interpuesta por socios numerarios del patronato reclamando una asamblea general y nuevas elecciones. Los socios piden mayor transparencia y explicaciones sobre una serie de actuaciones llevadas a cabo, según su criterio, "de forma opaca".

Amorós ha explicado que "aún no ha llegado la notificación de la demanda, pero suponiendo que se ha interpuesto es preciso adelantar que la junta directiva está dispuesta a convocar una asamblea extraordinaria pues no tiene intención de ocultar nada. Muy al contrario, trabaja para poder ofrecer la mejor información posible".

El abogado asegura que "el Patronato Joan XXIII es una entidad privada por lo que no está privatizando servicios sino contratándolos a las empresas que cree que pueden prestarlos mejor". Matizó que tanto el servicio de comedor como "el de transporte llevan ya externalizados hace tiempo". También niega que se hubiera adquirido un autocar, que se ha vendido posteriormente a una empresa privada,con subvenciones públicas pues "aunque el patronato recibe ayudas de instituciones públicas, se dedican a temas asistenciales. El patronato dispone de otras fuentes de ingresos, como pueden ser las aportaciones de los socios para hacer frente a otras adquisiciones como la de dicho vehículo".

Por otra parte, el letrado explica que "la queja de que los trabajadores que a la vez son socios no puedan ser miembros de la junta directiva no tiene razón de ser. Los miembros de la junta están aplicando los estatutos que se aprobaron hace ya dos años y nada más".

Los socios demandantes reclamaban además que se les entregase el listado global de socios de la entidad. Amorós ha indicado que "se consultó con un gabinete asesor si la entrega vulneraría la Ley de Protección de Datos. El informe indicaba que así sería y se les comunicó. No podemos facilitar ese listado".

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