La aplicación del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 está exprimiendo las arcas municipales de Sóller, sobre todo por el montante de las indemnizaciones por expropiación a las que debe hacer frente. Los tribunales están enmendando la plana, al alza, a las valoraciones efectuadas por los técnicos de la casa consistorial. Resulta llamativa la gran diferencia que hay entre la cuantía que fijan las sentencias y las que había provisto el Ayuntamiento.
Está el conocido caso del campo de deportes Infante Lois, un equipamiento público en propiedad privada, al que el Jurado de Expropiación otorga un valor de casi 7 millones de euros. Pero no es el único porque, aparte de otros, ahora el TSJB eleva hasta 201.000 euros los 18.000 de valoración inicial para un solar urbano que pierde su condición de urbanizable después de ser recortado por un vial para peatones. Los propietarios han reclamado la expropiación forzosa, en un procedimiento abierto en 2012, después de que el Ayuntamiento no cumpliera con su obligación legal de ejecutarla en el plazo de cinco años.
Las necesidades de infraestructuras y servicios públicos chocan muchas veces con el patrimonio particular y la propiedad privada, sagrada y venerada. A los ayuntamientos no les queda más remedio que salvar el escollo a base de indemnizaciones y compras con precios al alza. Tal como están las cosas en la apetecida Mallorca de alta demanda y escaso territorio, la espiral seguirá creciendo. Es una realidad que no podrán evadir las corporaciones municipales en el momento de las recalificaciones y la dotación de servicios públicos.
La economía de los ayuntamientos ya está maniatada por esta evidencia y lo seguirá estando todavía más en el futuro. Puesto que las cuentas no dejarán margen de maniobra suficiente, no quedará más remedio que ser selectivos y cultivar el buen oficio de priorizar. También el de la alianza entre las instituciones públicas porque, cada vez más en la Mallorca metropolitana, los medios públicos pierden su condición estrictamente local.
