El vicepresidente del Partido Popular de Balears y candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado hoy Portocolom para apoyar a las familias afectadas por el desalojo que sufrirán "si no se para el proceso", de sus viviendas de titularidad pública en zona portuaria. En este sentido, Galmés ha apelado a la cordura "que tantas veces pide el presidente Company a la presidenta Armengol" para que desde el Ejecutivo Autonómico se den los pasos necesarios para que este gente pueda quedar en su casa".

"El Pacte presume de Servicios Sociales pero es el Govern más insensible de la historia" recalcó Llorenç Galmés acompañado de la candidata del Partido Popular de Felanitx a la alcaldía, Catalina Soler. Con todo, el PP presentará una moción en el Consell para instar a la Administración competente a detener el proceso de desalojo ya que, según Soler, "moveremos cielo y tierra para intentar evitar que tengan que salir de lo que ha sido su casa toda la vida".

Hay que recordar que hace unos meses, y sin previo aviso, los beneficiarios de estas viviendas recibieron una notificación de Ports IB comunicándoles que sus concesiones habían vencido. En anteriores ocasiones Ports IB suele advertir a sus usuarios de la necesidad de renovar sus concesiones con suficiente tiempo, incluido por medio de noticias en la prensa escrita, "pero, en esta ocasión no lo hizo así. En esta notificación se les advertía que serían citados para la reversión de sus viviendas a finales de este año", explicó Soler.

"Estas casas constituyen la vivienda habitual de muchos de sus usuarios, algunos de ellos personas de avanzada edad y que no disponen de vivienda alternativa, por tanto, la reversión inmediata de estas concesiones, y su consiguiente desahucio, puede suponer un impacto enorme e irreversible sobre la vida de estas personas" recuerda la candidata popular a la alcaldía que incide, también en que "el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Este derecho esencial está también recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales".

Por otra parte, el desahucio inmediato de los afectados puede producir en muchos de ellos otras situaciones injustas, al no poder amortizar las inversiones realizadas en estas viviendas. Además de estos perjuicios particulares, se pueden dar también otros en el patrimonio, ya que alguno de estas viviendas constituyen edificios catalogados por algunos municipios, y su derribo o cambio de uso puede estar eventualmente prohibido o restringido, según apunta el PP.

"El destino de estas viviendas es incierto, ya que ninguno de los puertos en los que se sitúan estas tienen aprobados sus planes de uso y gestión", concluyó hace unas horas Catalina Soler.