Optimizar recursos y facilitar la gestión. Este es el argumento que utilizó el ayuntamiento de Santa Margalida cuando en 2015 decidió convertir en paquete único la concesión del servicio de abastecimiento de agua de su línea costera, Can Picafort, Son Bauló y Son Serra de Marina. No deberían hacer falta mayores explicaciones porque la eficiencia y el coste razonable deben ser el objetivo de toda administración pública y de cada uno en su casa. Puro sentido común. O práctico.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa no nos queda más remedio que observar la minucia y la forma administrativa porque hay recurso y resolución judicial de por medio, consecuencia de intereses empresariales y enrevesadas interpretaciones de usos, alquileres y explotaciones. En pocas palabras, el tribunal resuelve que el Ayuntamiento obró bien, da por buenas las amortizaciones aplicadas, la concurrencia de licitadores y confirma la idoneidad de los informes técnicos en los que se basa la unificación de la concesión. Dicho en lenguaje más llano, el interés y el servicio público ha primado sobre el empresarial, legítimo pero menos sustancial.
