La capacidad de tracción de la Administración Pública sobre la economía y, de rebote, satisfacer con mejor premura la necesidad social, es prácticamente nula. Solo consigue hacerlo en los contados casos en que dispone de medios para transmitir claridad, sentido práctico y convicción.
En la mayoría de los casos la gestión pública permanece a expensas y remolque de la iniciativa privada. Por eso mismo también padeció de inmediato las consecuencias de la crisis financiera y ahora, por idéntico efecto dominó, recibe el alivio de la regeneración económica y social.
La construcción es un buen termómetro de estas situaciones. Muchas promociones de pisos se quedaron a medio hacer atrapadas por las primeras convulsiones de la crisis. Entre ellas también estaban las viviendas de protección oficial. Ahora, cuando se invierte el ciclo y las hormigoneras y andamios de las constructoras vuelven a estar activos, los políticos pregonan otra vez vivienda pública. El caso de Cala Rajada es solo un exponente de todo lo dicho y de situaciones que se repiten en toda Mallorca.
