Corren tiempos de recesión, centralismo y uniformidad. Podríamos intentar analizar las causas pero, vistas las consecuencias y sobre todo la preocupación que comportan algunas actuaciones administrativas, resulta más práctico quedarse en las repercusiones y dificultades creadas.
Sin llegar al extremo del alcalde de Pollença, quien ironiza sobre unos posibles efectos del 155 en su municipio, salta a la vista que la abogacía del Estado se queda en lo teórico y estándar al recurrir las subvenciones a los comercios que rotulen o impriman en catalán, unas ayudas que, por cierto, tienen dos décadas de historia y también se aplican en otros municipios con aceptación general y sin mayor problema.
El letrado defensor de los intereses generales argumenta su impugnación sobre la defensa de la cooficialidad y ve el fantasma de la persecución de la lengua castellana. No tiene en cuenta, sin embargo, que la tutela de la igualdad de idiomas debe partir de la realidad de su uso social y de los condicionantes demográficos. Si el letrado del Estado hubiera salido a la calle y al comercio se habría percatado de que el uso escrito y hablado del catalán está, por regla general, en franco retroceso, especialmente en los lugares turísticos, lo cual es argumento de sobra para justificar su discriminación positiva, sea subvencionando el rótulo comercial, la carta del restaurante u otras formas que atiendan a la realidad de cada lugar. ¿Se reaccionaría igual si se subvencionara la lengua alemana?
