Cuando los fiscales, magistrados y jueces profesionales se plantean y amagan en serio con ir a la huelga, como comenzaron a exteriorizar ayer, los juzgados de Paz ya hace tiempo que deberían tener la puerta cerrada por pura impotencia y abandono de las instancias superiores. Esta es la proporción justificada de protesta que existe y se padece a diario dentro de la desesperante escasez de medios de la Administración de Justicia española. Mucho más en la balear, desajustada hasta el escándalo en relación a la carga de trabajo y la densidad demográfica que le afecta.
Medios adecuados, sueldos dignos y despolitización reclaman los togados profesionales. Los jueces de paz y los funcionarios de estas adscripciones, sean municipales o de Justicia, disponen de sobrados motivos para clamar por lo mismo con mayor insistencia. El conciliador juez de paz siempre tiene al alcalde cerca, lo cual no deja de ser un constante riesgo de contaminación o presión política. Además, nunca sabe si el gasto y el mantenimiento corren a cargo del ayuntamiento o el ministerio.
Los juzgados de Paz son los parientes pobres del sistema y en virtud de tal parentesco, forman parte de la gran familia de la Justicia, un mundo dentro del cual los pobres también son los que están a pie de calle. Especialmente en lo que se refiere a los aspectos más negativos del contacto con la realidad.
La reestructuración debe ser integral. No tiene sentido mantener en Balears unas demarcaciones judiciales de la época preturística, de hace un siglo, cuando el reparto demográfico y la generación de movimiento económico no tenían nada que ver con los con la situación actual. Sobre los juzgados de paz pesa una amenaza de desaparición. Sería más realista pensar en su reconversión eficiente y realista.