Todo lo relacionado con el Grupo Cursach y sus máximos responsables está en el punto de mira. Sobran motivos para ello que no hace falta recordar a quien esté un poco al tanto de cuanto afecta a la información pública.
En medio de esta situación, mientras testigos de distinta condición aportan datos al instructor penal de la causa del grupo, trasciende el dictamen del Consell Consultiu indicando que el cierre de la discoteca BCM, en Magaluf, perteneciente a Cursach, se hizo con un procedimiento municipal no sujeto a derecho. Ha faltado tiempo para la polémica. El terreno estaba abonado de sobras para ello.
A la vista de las distintas interpretaciones que se están haciendo, parece que hay una manifiesta incompatibilidad entre el respeto a la legalidad y las garantías de seguridad en un lugar del aforo de BCM, cuando, evidentemente, no es ni puede ser así. Cursach acusa de persecución y mentira al ayuntamiento de Calvià mientras fuentes municipales niegan el carácter vinculante del informe del Consultiu y no admiten que se les atribuya el uso de criterio arbitrario. Eso, por lo que respecta al equipo de gobierno, porque la oposición municipal también estable sus distancias y matices.
A la vista de lo ocurrido a cuenta de lo resuelto por el Consultiu, los representantes de la oposición vienen a decir que no estaría mal revisar el procedimiento seguido por el Ayuntamiento en el caso de BCM, aún dejando por sentado que es obligación municipal exigir y velar por el cumplimiento de las garantías sanitarias y de seguridad en espacios de grandes concentraciones lúdicas.
Lo cierto es que, aprovechando lo caldeado del ambiente, la riña entre seguridad y legalidad se ha quedado hinchada y a la vez estéril. Era prescindible porque ambas cosas deben ser compatibles sin remisión.
Se puede haber errado en el método o sucumbido a la presión, pero esto solo debe ser indicativo de las correcciones que deben hacerse para que los negocios del ocio queden sujetos a la norma legal.
