Tras la exhumación de la fosa de Porreres se precipitan los acontecimientos. Es como si se quisiera recuperar el tiempo perdido y aprovechar la buena sintonía propiciada por una recuperación de restos, todavía no conclusa, pero considerada modélica en sus aspectos técnicos y divulgativos.
Ayer se dio un paso más iniciando un recorrido que se presume, cuando menos, incierto. Memòria de Mallorca presentó una denuncia en el decanato de los juzgados de Manacor, por delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos, en relación a los fusilados en las paredes de la Creu de Porreres en 1936 y 1937.
Los demandantes aseguran que los hechos no prescriben, pero al mismo tiempo afirman tener constancia de la existencia instrucciones explícitas para que sus reivindicaciones no avancen. Los fiscales, por regla general, no están por la labor de apoyar las denuncias derivadas de la Guerra Civil. Todo se confía a la posibilidad de que la instrucción penal caiga en manos de un juez sensible en el seguimiento de las secuelas de los fusilamientos. La de ayer es una denuncia contra todos y contra nadie en particular. Hay que acudir a la historia para condenar con nombres y apellidos pero no tanto para conceder la razón a quienes hallaron la muerte antes de hora debido a su ideología o a una simple sospecha absurda, porque algunos de sus hijos todavía viven y, entre la confusión de la memoria escondida, aún no han cerrado sus heridas. Es la reivindicación de la dignidad antes que la exhibición de una venganza que el sufrimiento y los años han amortiguado.
