La actual explotadora del bar de la tercera edad de Santa Margalida, Lucía Valero, se niega a abandonar el local aduciendo que el Ayuntamiento ha actuado "con secretismo" a la hora de convocar y conceder el nuevo contrato de explotación.
La explotadora accedió al local como socia del auténtico concesionario. No obstante esa persona, de nacionalidad argentina, desapareció. Lucía Valero intento regularizar la situación y asegura que desde el Ayuntamiento le indicaron que aportara documentación para formalizar un contrato. "Sin embargo, de lo que me enteré fue de que el equipo de gobierno tenía prisa por tener mis documentos pero era para justificar ante la oposición que estaba haciendo algo. Nunca me llegó a formalizar dicho contrato y en su defecto optó por convocar un nuevo concurso".
Errores
La empresaria sostiene que no se opuso a ello y pretendía concursar, como de hecho hizo, "pero se llevo de tal forma que me enteré el mismo día que acababa el plazo. Presenté mi solicitud e hice un seguimiento del desarrollo. En la reunión en la que se abrieron las plicas, los técnicos empezaron a decir que había muchos errores y se dejó la adjudicación sobre la mesa para determinar si había habido algún error municipal en la convocatoria". Valero insiste en que estuvo vigilante sobre la resolución pero "el acta no se hizo pública hasta hace poco".
La afectada sostiene que "antes de que se licitara ya sabía a quien se lo iban a conceder porque la gente ya lo comentaba. Hice una declaración ante notario en la que manifesté que ya se sabía quien lo obtendría, como efectivamente ha sucedido".
El Ayuntamiento sostiene que se le concedió una semana para dejar las instalaciones. Lucía Valero insiste en que "las actas no se publicitaron debidamente y por ello no he podido ni siquiera presentar alegaciones". La explotadora considera que además de ello le han concedido muy poco tiempo para poder trasladar sus cosas. Explica: "Antes de saber el fallo intenté contactar incluso con la persona que sería la nueva concesionaria para pactar una transición, algo a lo que se negó".
Por su parte, el alcalde, Martí Torres, sostiene que "el expediente puede ser consultado pues ha sido instruido correctamente. La concesión se ha llevado a cabo de forma legal. Hubo tres postores. Esta empresaria pudo hacer declaraciones juradas diciendo que sabía a quien se le iba a dar como quien hace quinielas, pero no basta eso, es preciso tener pruebas".
