El pleno ordinario celebrado el lunes en Binissalem aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo de Més per Binissalem mediante la que la institución municipal se compromete a "colaborar activamente" en la búsqueda de vecinos desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo. Además, el Ayuntamiento no descarta asumir el coste de las pruebas de ADN de las personas desaparecidas que puedan ser localizadas en fosas comunes de otras localidades de Balears o incluso fuera de las islas.

Los otros acuerdos de la moción instan al Govern a asumir directamente las competencias en la materia para que la localización de los desaparecidos y de las fosas "sea más rápida y eficaz" y no se delegue esta responsabilidad a las familias y asociaciones ni sean los ayuntamientos las únicas administraciones que lleven el peso de las investigaciones y las prospecciones. También se propone la señalización y dignificación mediante figuras como BIC o bienes catalogados de las fosas donde no sea posible intervenir.

El portavoz de Més per Binissalem, Pere Daniel Pol, explicó ayer que no hay constancia de la existencia de fosas comunes de la guerra en Binissalem, aunque sí está documentado que dos vecinos de esta población del Raiguer están enterrados en una fosa ubicada en Porreres. La formación ya se ha puesto en contacto con una de las familias de desaparecidos para informarles de la moción que ayer se aprobó y que será trasladada el Govern cuando sea aprobada la Ley de Fosas, que establecerá el interés del Govern en loalizar y dignificar las fosas comunes de Balears.

Por otra parte, otras dos mociones presentadas por Més per Binissalem también salieron adelante en el pleno del lunes. Una de ellas instaba a la corporación a rechazar las "medidas coercitivas" del Ministerio de Hacienda y se pronunciaba a favor de un nuevo sistema de financiación para la comunidad balear. Esta moción fue aprobada con una enmienda del PP que reivindicaba que los ayuntamientos se aprovechen más del nuevo sistema. Por otra parte, también se aprobó una moción contra la aplicación el Tratado Transatlántico de Comercio.