Un grupo de agentes de Aduanas de la Agencia Tributaria se personaron ayer cinco minutos antes de las diez de la mañana en el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, para recabar información sobre contratas municipales relacionadas con la empresa de recogida de basuras Econar, vinculada a la madrileña Vendex, epicentro de la trama Pokémon; así como sobre la gestión de la municipal Bellver SA, encargada del alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Sant Llorenç. Se investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Primero llamaron al secretario municipal para que bajara y desenchufara el servicio de wi-fi. Acto seguido se hicieron con los teléfonos móviles de varios concejales y el alcalde (al que también requisaron el ordenador portátil) por si pudieran encontrar información relevante. Al mismo tiempo varios agentes se trasladaron a la parte trasera del consistorio, donde se encuentra el departamento de Nuevas Tecnologías, de donde se llevaron una caja con información.
Cuatro imputados
Desde las diez hasta las dos de la tarde tanto el alcalde Mateu Puigròs (GISCa), como los ediles Mateu Frau y Joan Planas, además de la técnico local de Medio Ambiente, Neus Andreu, fueron interrogados en las propias dependencias municipales. Los tres primeros, además del empresario de la empresa radicada en Manacor Econar, han sido imputados y deberán declarar entre hoy y el sábado en las dependencias que Aduanas tiene en Palma, a los que deberán sumarse hasta tres testimonios.
Tras los primeros registros, que obviamente también incluyeron las oficinas que Econar tiene en la capital de Llevant, sobre las 11,30 horas un grupo de policías también se personaron en las oficinas que el Ayuntamiento tiene en la zona costera de sa Coma, sede central de la concejalía de Medio Ambiente, de la que hasta las 13,30 incautaron numerosa información y otros varios ordenadores.
El hecho de que los registros se efectuaran en plena mañana de mercado semanal, hizo que se creara mucha expectación entre los vecinos de Sant Llorenç, que se mostraron sorprendidos ante lo que iba sucediendo en la plaza y calles aledañas.
Operación estatal
Los registros se enmarcan dentro de la macrocausa que instruye la magistrada del juzgado número uno de Lugo, y que ordenó ayer de manera simultánea otros en Madrid y el consistorio de Barberà del Vallès, en la provincia de Barcelona. Todos ellos centrados en las contratas y adjudicaciones de los residuos sólidos urbanos.
La Operación Pokémon, con más de un centenar de imputados sobre todo en Madrid, Asturias y Catalunya, estalló en septiembre de 2012 tras varios años de investigaciones previas y escuchas ordenadas por la juez de instrucción de Lugo, Pilar de Lara. Afecta principalmente a empresarios, funcionarios y políticos del PP y PSOE.
Entre la mañana y la tarde de ayer se llevaron a cabo también una serie de registros en domicilios particulares, entre ellos en la barriada palmesana de Son Dameto. Mientras tanto y durante todo el día el equipo de Aduanas fue volcando durante horas los datos informáticos de los ordenadores y móviles requisados.
Cabe destacar que ninguno de los tres ediles imputados fueron detenidos, aunque sí quedaron incomunicados y con la orden de no hablar. Varios regidores del equipo de gobierno de Sant Llorenç des Cardassar, formado por el GISCa, PSOE y Més se interesaron por sus compañeros.
