Hace ahora un año, el ojo mediático se centró con toda su atención en el ayuntamiento de Calvià. En portadas de periódicos, sumarios de informativos de televisión y lugares destacados de las ediciones digitales, se pudo ver la imagen de los miembros de la Policía Judicial registrando por orden del juzgado de instrucción número 12 de Palma la sede del Consistorio en busca de la documentación de la emisora municipal, tras una querella presentada por los socialistas del municipio. Había estallado el caso Radio Calvià.
Pasado este tiempo, el revuelo mediático, con la consiguiente agitación política, ha devenido en un especie de stand by, una situación de impás en la que la investigación prosigue y en la que las partes implicadas están a la espera de que la juez tenga en su poder todos los informes de la Guardia Civil sobre los expedientes de contratación para ver si comienza o no la ronda de declaraciones de los querellados.
Entre ellos figuran los dos últimos alcaldes del municipio, Carlos Delgado y Manu Onieva, sus respectivas jefas de comunicación (una de las cuales fue adjudicataria de la radio antes de entrar al Consistorio) y otro concesionario de la emisora. Los querellantes les achacan presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos.
Una investigación “compleja”
“La cosa está parada”, apunta una persona vinculada al caso, que apunta un dato de interés para entender el ritmo que está siguiendo este caso: el juzgado de instrucción número 12, al que corresponde investigarlo, está también sumergido en las indagaciones sobre las presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía Local de Palma.
En un principio, se había dado la fecha del mes pasado como límite para la presentación de los informes definitivos a cargo de la Guardia Civil sobre la emisora municipal, pero esa previsión no se cumplió. Fuentes jurídicas del caso creen que la investigación puede “ir para largo”, dado su carácter “voluminoso y complejo”. Sobre la mesa, hay más de una quincena de contratos de Radio Calvià, que empiezan en 2004 y llegan hasta la época de Onieva al frente del Consistorio.
Entre esos expedientes, no figurará por ahora el procedimiento negociado sin publicidad convocado el mes pasado por el Ayuntamiento para adjudicar el servicio de informativos de la emisora ni otro convocado con anterioridad. El contrato licitado en febrero, que aún no se ha adjudicado, tiene un valor estimado de 60.000 euros.
La acusación socialista, representada por el abogado Pablo Alonso de Caso, había solicitado “por coherencia jurídica” una ampliación de querella por este nuevo proceso licitador al entender que ahondaba en las presuntas irregularidades administrativas descritas en la querella inicial. La juez rechazó ese argumento. Aun así, la decisión se ha recurrido a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado sobre la ampliación solicitada.
Las penas del telediario
“El daño ya está hecho. No sólo es que hayamos sufrido la famosa ‘pena de telediario’. También la de Google. Hemos sufrido un gran desgaste personal”, se lamentaba el año pasado en una conversación informal una de las personas querelladas, en referencia a la exposición mediática sufrida. Lo corroboraba poco después el propio Delgado -representado por el abogado Antoni Monserrat- en una comparecencia pública cuando aún era conseller de Turismo, cargo del que dimitió en diciembre dejando claro que no lo hacía por el caso Radio Calvià. Ante los medios de comunicación presentes, Delgado quiso subrayar el desgaste de su jefa de prensa, querellada en el caso, a pesar de que, dijo, se limitó a seguir las indicaciones de los técnicos municipales a la hora de dar el visto bueno a los expedientes de contratación. En el entorno de algunas defensas, existe el convencimiento de que el caso difícilmente puede tener el recorrido por la vía penal, ya que, de existir irregularidades, éstas deberían abordarse desde la vía administrativa. “Los delitos, para que sean penales, necesitan un plus. Por ejemplo, la intencionalidad para favorecer a determinadas personas. O bien, en este caso, que el contrato realizado fuese un precio desorbitado. Y no es así. Lo demuestra el hecho de que, cuando entró el PP a gobernar en Calvià, rebajó el coste de la radio a la mitad respecto a la época socialista”, apuntan esas fuentes jurídicas. Entre las defensas, además, sigue llamando la atención que la querella presentada por los socialistas no defina qué delito corresponde a cada querellado, sino que les atribuye de forma global los de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias.
“Máximo respeto” a la justicia
Un año después del estallido del caso, los socialistas de Calvià, que figuran como acusación particular en la causa, subrayan el “excelente trabajo” realizado en este tiempo por Guardia Civil y Policía Judicial, a la vez que remarcan que el registro del Ayuntamiento del 16 de marzo del año pasado ya demostró que su querella estaba “fundamentada”. La representación jurídica de los socialistas ha presentado varios escritos durante el último año ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma, incidiendo por ejemplo en la falta del documento de clasificación empresarial por parte de concesionarios de la emisora. Éste es un documento que se pide a las personas que optan a un concurso público.
