Parte del sector turístico de Calvià está preocupado por el fin de la moratoria que impedía las obras en temporada alta. Y esa preocupación se refleja en las alegaciones que han presentado tres asociaciones hoteleras (Illetes, Peguera y Santa Ponça), Radio Taxi, Agrupación del Taxi de Calvià y la patronal de comercio turístico Acotur a la ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones.
En su escrito de alegaciones, remarcan la importancia de la normativa, a la que consideran "una de las más trascendentes que se hayan preparado en estos últimos años en nuestro municipio". Subrayan en este sentido que sería un "error mayúsculo" que la norma "permitiese una pérdida de competitividad" al no tener en cuenta a una población flotante "que exige un plus de tranquilidad".
Las propuestas que presentan estas entidades toman como base la idea de que hay que hacer que los visitantes encuentren en Calvià "un destino especialmente atractivo".
Así, una de sus peticiones pasa por enmendar el artículo 23.8, que establece que se suspenderán las obras que impliquen medios mecánicos o herramientas de trabajo cuando produzcan "ruidos o niveles de potencia acústica" que superen los niveles máximos permitidos por la norma.
Los firmantes de las alegaciones consideran "insuficiente" esta prescripción, y abogan por que haya una prohibición en el uso de martillos neumáticos, compresores, picadoras, grúas, excavadoras, hormigoneras, sierras mecánicas y vehículos pesados, entre otros, en un periodo que iría desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre en las zonas de gran afluencia turística. Hoteleros, taxistas y comerciantes justifican la elección de este periodo, porque creen que la prohibición no debe limitarse a los meses de verano, en aras del fomento de la lucha contra la estacionalidad.
Los promotores de la alegación piden, además, que entre el 21 de junio y el 21 de septiembre se amplíe la restricción a todo el término municipal, y no únicamente a las zonas turísticas.
Otra de las solicitudes formuladas pasa por impedir que la ejecución de cualquier obra suponga una emisión superior a los 55 decibelios en los núcleos turísticos. En esa misma línea, defienden que la norma debe ser más "específica" a la hora de determinar las consecuencias por incumplir los niveles de ruidos permitidos.
En su redactado actual, la ordenanza fija una suspensión cautelar de las obras infractoras "por un periodo de tiempo inferior a un mes", mientras que estos representantes del sector turístico sostienen que debería concretarse en "dos meses de suspensión".
