El juzgado de instrucción número 12 de Palma ha supeditado la declaración de los querellados del caso Radio Calvià -el anterior alcalde del municipio, Carlos Delgado, el actual mandatario municipal, Manu Onieva, sus dos jefas de prensa y los últimos adjudicatarios de la emisora- a las conclusiones que recoja el informe que prepara la Guardia Civil-Policía Judicial sobre la documentación con la que se hicieron en un registro en la sede consistorial que tuvo lugar el pasado 16 de marzo.

En una providencia, la jueza María del Carmen González ha reaccionado así a un escrito presentado por la acción popular, impulsado por los socialistas de Calvià, en la que se pedía que se tomase declaración "en condición de imputados" a los querellados. El PSOE sostenía que a pesar de que en la querella pidieron que se practicara "dicha diligencia, nada se ha acordado al respecto, siendo que, por coherencia jurídico-procesal, se debiera practicar como primera diligencia".

Ahora, la magistrada responde que debe esperarse a que la Guardia Civil analice los expedientes de contratación de la radio municipal de Calvià para ver si existe algún tipo de indicio colectivo. La querella socialista considera que puede haber indicios de prevaricación, fraude y malversación en las adjudicaciones que se hicieron entre los años 2005 y 2011.

Expedientes de contratación

Cabe recordar que la jueza, además, decidió pedir al ayuntamiento de Calvià, con posterioridad al registro, información complementaria acerca de los expedientes de contratación en los años 2002 (esto es, cuando aún gobernaban los socialistas), 2003 y 2004 (los primeros dos ejercicios bajo el mandato de Carlos Delgado). En el marco de este requerimiento, se pidieron datos de cotizaciones a la Seguridad Social, ingresos por publicidad y gastos en material y suministros diversos. La Agencia Tributaria recibió también un encargo para que efectuase un informe sobre las "operaciones con terceros" realizadas por los dos últimos gestores de la emisora municipal. En esta misma línea, la jueza pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social que le remita la relación de trabajadores dados de alta en la radio en el periodo comprendido entre 2005 y 2012.