Seis años bajo el puente

"Es una cuestión de dignidad. Quiero volver a ver el puerto y las barcas desde mi terraza. Es lo justo", añora Mateu Sitges, uno de los once vecinos que hace casi seis años contemplaron con estupor como la construcción de un puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo les pasaba literalmente sobre sus cabezas, impidiéndoles abrir incluso las persianas para ver el sol. Tras el enésimo enfado y numerosas sentencias favorables después, intuyen un final feliz.

"Pronto, creo", contesta Jaume Vives, portavoz de la plataforma vecinal y uno de los mayores responsables del nerviosismo consistorial, que intenta evitar a toda costa el derribo: "No entendemos por qué se tuvo que llegar hasta este punto. La finca obtuvo la licencia cuando se construyó. Fue un verdadero atropello para nosotros y para el pueblo".

La disparatada historia comienza en 1968, cuando el ayuntamiento de Manacor proyecta e incluye en sus normas urbanísticas una calle (Sant Lluís) para enlazar, a unos 5,60 metros de altura sobre el mar, las dos zonas habitadas a ambos lados del denominado Cap des Toi. Ocho años después se empieza a edificar una finca de cuatro plantas junto a la vía y con el consentimiento de la Sala y sus celadores.

Pese a ello, en 1999 se decide modificar el proyecto preexistente y ampliarlo hasta los 7,50 metros de altura por once de ancho. El motivo: descongestionar el molesto tráfico estival que padece el núcleo y dar una alternativa a la vetusta conexión preexistente cerca del puerto romano. En 2003 dan comienzo las obras, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, asumidos a partes iguales por el Ayuntamiento, el Govern y el Consell de Mallorca.

Protestas y sentencias

"Se pasó de cóncavo a convexo. Nada que ver", señala Vives, dibujando los dos proyectos y todavía indignado por la falta de información que han sufrido. Pronto se constituyeron en plataforma y combinaron la protesta civil (mediante manifiestos, carteles y notas de prensa) y la judicial. "Ha sido y es un proceso largo y costoso del cual algunos vecinos se han ido descolgando. Es comprensible".

Se presentaron seis demandas. Una, firmada por once afectados, para confirmar la ilegalidad del puente y su derribo. Y otras cuatro de carácter particular por daños y perjuicios, por parte de los dueños de las vivienda más afectadas. El Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) primero y el Tribunal Supremo después, les dieron la razón y notificaron al ayuntamiento manacorí la necesaria demolición de la infraestructura y la restitución del paisaje original.

Hace un año, el por entonces director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar (UM), anunció la inclusión del puente dentro del Plan de Carreteras del Consell y el supuesto fin del conflicto. El Ayuntamiento entonces, se aferró a ello e insistió en la ironía que supondría "tirar abajo una inversión tan importante, para justo después volver a reconstruirla de nuevo", repitieron al unísono tanto el regidor de Urbanismo como el abogado municipal, Bernat Amer y Felipe Pou, respectivamente. Poco después interpondrían un recurso ante el Supremo, que no fue admitido a trámite.

Molestias e indemnizaciones

"Es terrible. Tuvimos que instalar aire acondicionado en las habitaciones, poner doble cristal y mantener la ventanas cerradas en verano para poder dormir un poco", rememora Sitges, quien también instaló celosías en la terraza para intentar borrar de la vista el paso constante de coches y viandantes a centímetros de su hogar. "Nuestras viviendas se devaluaron instantáneamente en al menos un 90%. ¿Quién quiere comprar un piso bajo un puente?. En cualquier momento puede haber un accidente y entrarte un autobús entero en casa. Es alucinante", añade el portavoz Vives. "En mi piso están las luces encendidas durante todo el día, tienes que poner la tele a tope y el gasto sube".

Por el momento, dos son los vecinos que ya han percibido sus indemnizaciones. Uno es el que fuera alcalde de Manacor por el PP, Gabriel Bosch, por 15.819 euros y un segundo por un montante de 33.718 euros más intereses. Un perito tasó los daños tanto de Sitges como de Vives, en algo más de 120.000 euros, todavía pendientes.

"Sabemos que ahora la fuerza del Ayuntamiento se sustenta en mostrar ante la gente que como vamos a cobrar, todo está arreglado. Nos importa Porto Cristo y su calidad de vida, no el dinero", añaden.