Un inquilino que fue desalojado provisionalmente en 2004 de una edificación costera de la calle Rossegada número 31 de Bendinat –en virtud de una resolución de alcaldía que alegaba "riesgo para sus ocupantes"– denuncia que en todo este tiempo ninguna administración ha adoptado medidas para garantizar la seguridad y la habitabilidad del inmueble.
La defensa judicial del inquilino alega que, si en su día el Ayuntamiento justificó el desalojo porque el edificio presentaba riesgo de "colapso", no se entiende que, cinco años después, las actuaciones para reforzar la estructura brillen por su ausencia. El peligro se agrava por el hecho de que, conectada a la parte de arriba de la edificación, hay una residencia unifamiliar que está habitada. En la parte de abajo, existe un tramo costero frecuentado en verano por bañistas. La defensa ha llevado el asunto hasta el Supremo, al cuestionar la rescisión del contrato de arrendamiento de su cliente.
La historia se remonta a abril de 2004, cuando una resolución de alcaldía ordenó el desalojo "con carácter cautelar, provisional y urgente", a partir de unos informes técnicos que constataban que "las lesiones que padece (el edificio) pueden provocar la rotura súbita de algún elemento estructural".
Pese a esto, los dictámenes concluían que, "si se toman las medidas de seguridad y refuerzos provisionales, las viviendas habitadas pueden continuar siéndolo". Unas medidas que, según lamenta la defensa judicial del inquilino, no se han plasmado en ningún sitio. En una comunicación oficial a principios de este año, el Consistorio reconocía que no se habían adoptado las "medidas definitivas" para la "reparación completa" del edificio, si bien fijaba también la necesidad de contar con el permiso de Demarcación de Costas. Una parte del inmueble está en zona de dominio público marítimo–terrestre.
