El urbanismo sigue siendo objeto de tenso debate en Ses Salines. En el pleno ordinario que tuvo lugar el miércoles, Maria Bonet, ex alcaldesa y actual edil-portavoz del PP, criticó públicamente el "vergonzoso mobbing (acoso laboral) que sufre el arquitecto municipal, Antoni Campins".
La ex primera edil recordó que el funcionario fue apartado del trabajo por decisión del equipo de gobierno durante varios meses, percibiendo sueldo municipal a pesar de ello, y que recientemente, tras reincorporarse, fue muy discutido "por realizar su trabajo e inspeccionar una vivienda en la que reside el concejal Tomeu Galmés (de Nous Independentes Locals), pendiente aún del final de obra".
A su vez, Bonet reprochó al equipo de gobierno PSOE+Progressistes-UM-NIL el "mal ambiente que se respira" y el hecho de que el departamento de Urbanismo no disponga de un vehículo exclusivo para que tanto el arquitecto como la aparejadora y el celador lleven a cabo su trabajo. Finalmente, la ex alcaldesa lamentó que el PP "todavía no ha tenido acceso al expediente abierto a Campins" e instó al pacto "a solventar sus diferencias y trabajar a favor del municipio de Ses Salines".
El alcalde, Sebastià Burguera (PSOE), no entró a discutir sobre el arquitecto municipal. El pacto no apoyó la petición del partido conservador referente a que a partir del próximo lunes se facilite un vehículo propio para el departamento de Urbanismo. Burguera explicó que en estos momentos "hay dos coches de baja, en el mecánico, y enseguida que se pueda se asignará un vehículo a Urbanismo un día o dos a la semana, teniendo que compartir en función de las necesidades". A su vez, Burguera preguntó a Bonet "¿qué coche utilizaba antes el arquitecto?", en alusión a que presuntamente empleba el suyo particular.
Desmarques en votaciones
En la misma sesión también se constató que el equipo de gobierno continúa inestable. En un par de puntos hubo desmarques, destacando en la propuesta de aprobación provisional de la modificación de la tasa por recogida y eliminación de residuos. NIL, como el PP, apoyó la solicitud de Sud Unificat de dejar los cambios sobre la mesa para estudiarlos y consensuarlos más a fondo.
La ordenanza, elaborada por el edil Joan Salvà (UM), sugería múltiples novedades, como un aumento de la tasa a los hoteles que practiquen el ´todo incluido´.
