La plataforma Vecinal de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló considera que "no está claro" que el dictamen de la comisión Balear de Medio Ambiente del jueves de la semana pasada "sea favorable a los proyectos presentados por las empresas explotadoras" porque "técnicamente seguimos sin saber qué se va a verter" en estas canteras "ni de dónde va a salir el material".
No obstante, consideran que, con su voto favorable, el presidente de esta comisión dependiente del Govern, Antoni Alorda, "refuerza estos negocios y dificulta que se puedan poner en marcha otras alternativas adaptadas al entorno vecinal".
En lo que sí están de acuerdo los miembros de la plataforma es en que "el papel de Alorda ha terminado por el momento, y merece todo nuestro rechazo". Afirman que a partir de ahora "otros actores serán determinantes", en relación a la dirección general de Minas dependiente de la conselleria de Transición Energética "y también tendrán que elegir entre defender los intereses del negocio privado de estas empresas o el interés general de los barrios y las personas que los habitan".
Desde la plataforma recuerdan que estas canteras "se abrieron en el franquismo", pero "se cerraron después de 26 años de democracia sin que izquierdas y derechas exigieran una licencia que no tenían ni escucharas las quejas diarias de los vecinos por las explosiones, la contaminación y los peligros de la carretera". Aseguran asimismo que la reparación de los depósitos de agua, agrietados por las explosiones "costó al Ayuntamiento más de dos millones, y fue necesario que murieran dos personas aplastadas para que se cerraran en 2004, después de 50 años".
Afirman asimismo que en el terreno colindante, alquilado por Cemex, "aún hay enterrado material contaminante" e "incluso una cuba de hormigonera que el tiempo ha dejado al descubierto". Recuerdan asimismo que durante muchos años "ningún gobierno ha obligado a esta multinacional a cumplir con la obligación legal de restaurar estas antiguas explotaciones, dando lugar a que hayan sido adquiridas por nuevas empresas como Terral Holding (Sa Garrigueta Rassa) y Amerbitrac (Can Rosselló)-
Por qué adquirieron estas canteras pendientes de rehabilitación, se preguntan los integrantes de la plataforma vecinal. Y su respuesta es clara: "generar beneficios reabriendo las canteras con un proceso inverso a la extracción, en este caso de vertido y de hasta clasificación de residuos en el caso de Can Rosselló.
Recuerdan que la ley obliga a rehabilitar "pero no necesariamente de ese modo y ofrece la opción de encontrar nuevos usos, de acuerdo con el entorno", tal como se contempla yen el documento presentado por el Ayuntamiento de Palma en estos expedientes.
