Nueve familias en situación de vulnerabilidad de un mismo edificio situado en el barrio del Rafal viven amenazados de desahucio por parte del fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate, que en 2020 adquirió el inmueble al banco Sabadell. Residen allí desde 2017, cuando acordaron con la entidad financiera un alquiler social de 150 euros con la intermediación de la Oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, el pasado diciembre la actual propiedad les envió una demanda de desahucio después de que rechazaran pagar un alquiler de 850 euros y al entender que había finalizado el contrato que les vinculaba.
El caso ha llegado a los juzgados de sa Gerreria de la mano de una de las nueve familias, que busca el amparo de la justicia para evitar el desalojo. «Discutiremos si procede o no procede la resolución de desahucio. Ellos han cumplido siempre con el alquiler y cuando no han podido hacerlo han buscado ayudas para estar al corriente de pago porque saben que es su obligación», ha señalado Gloria Olmos, la abogada de esta familia, una pareja con dos menores a su cargo. Activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se concentraron a las puertas de los juzgados para apoyarles.
«Son personas vulnerables, como hemos ido acreditando, por eso pagan un alquiler social. Pero el fondo no responde si reconoce la situación de vulnerabilidad, únicamente remitieron una carta en la que reclamaban un alquiler de 850 euros por vivienda. Eso no es un alquiler social y no responde a la documentación que acreditaba una situación de vulnerabilidad», indicó Olmos.
El contrato firmado en diciembre de 2017 tenía una vigencia de tres años, sin perjuicio de que se pudiera prorrogar. Así ha sucedido a raíz de la pandemia y las medidas decretadas por el Gobierno que impedían el desahucio de familias vulnerables.
Promontoria Coliseum ha ofrecido en los últimos meses a los inquilinos hasta 15.000 euros por vivienda para que abandonen el inmueble sin tener que acudir a la justicia.