Los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno del ayuntamiento de Palma (PSIB-PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos) sacaron adelante únicamente con sus votos en el pleno celebrado ayer la moción en defensa de los valores democráticos y republicanos que, entre otros mandatos, incluye «el compromiso a conmemorar cada año, con solemnidad, igualdad y profundidad, el 14 de abril», el aniversario de la proclamación de la II República española.
Si bien Ciudadanos votó a favor de algunos de los nueve puntos incluidos en la moción como la condena a cualquier manifestación, expresión o exaltación de los valores de exclusión, el odio o la intolerancia», el concejal Josep Lluís Bauzá, manifestó que no podían estar de acuerdo con la totalidad de la propuesta, puesto que se trata de «un régimen fracasado que, entre 1931 y 1934 fue un verdadero desastre, con proclamaciones del estado de guerra incluido».
La portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, justificó el voto negativo de su grupo a todos los puntos porque, a su juicio, «no se pueden celebrar el caos, la anarquía ni la confusión, ni que el PSOE votara en contra del voto femenino, ni que se violara a mujeres por ser religiosas y se quemaran iglesias y conventos».
Por contra, invitó al equipo de gobierno a celebrar, cada día 6 de diciembre, «la unidad, el perdón, la solidaridad, el progreso y la libertad», plasmados y que representa la actual Constitución.
El representante de Vox, Fulgencio Coll, afirmó que la II República «fue secuestrada por gente sectaria y totalitaria que quiso imponer muchos de los principios aprobados en 1917 en países del Este», además de ser «brutal y sanguinaria» y de «masacrar ideológicamente a miles de ciudadanos en Cataluña».
Hila: "Soy el último eslabón de una equivocación en cadena y también otros deben pedir disculpas"
El teniente de alcalde Antoni Noguera, que fue el encargado de defender la moción del equipo de gobierno poniendo como ejemplo de valores republicanos los defendidos por el alcalde Emili Darder, lamentó que los grupos de la oposición hubieran utilizado más tiempo en criticar al régimen republicano que en condenar el fascismo.
Censo de calles
Por otra parte, el alcalde José Hila pidió, en el transcurso de una intervención sobre la composición de la comisión de toponimia, que el Parlament «asuma también su error con el censo de las calles de origen franquista».
A propósito del «ridículo» nacional que le achacan los grupos de la oposición por la retirada de las placas de las calles dedicadas almirantes Cervera, Churruca y Gravina, así como la de Toledo, la máxima autoridad municipal manifestó que, así como él ha «reconocido el error» y ordenó la paralización de su sustitución al tiempo que pidió al Govern la revisión del censo de elementos de simbología franquista que deben retirarse en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, «también otros deberían hacer lo mismo».
Al respecto, recordó que esta ley es la que obliga a eliminar estas calles en función de un censo elaborado por una comisión nombrada por el Govern.
Esta comisión finalizó su trabajo hace un año y remitió el censo con los nombres, elementos y símbolos que debían retirarse al Parlament, «y no se presentó por parte de ningún grupo ni diputado ninguna alegación», de ahí que si bien reiteró que reconoce que se equivocó, «creo que soy el último eslabón de una equivocación en cadena y que también otros deberían pedir disculpas por ello».
Vox se desmarca de la condena a las amenazas a dirigentes políticos
El grupo municipal Vox se desmarcó de la condena a los ataques y amenazas sufridos por distintos dirigentes políticos en los últimos días, a la que sí se sumaron los tres grupos que conforman el equipo de Gobierno (PSIB-PSOE, Podemos y Més per Palma), Ciudadanos y, en el último momento, el PP.
El concejal de Vox, Sergio Rodríguez, explicó que su partido no ha firmado este acuerdo porque no se ha aceptado por parte del equipo de gobierno la inclusión a las agresiones que ha sufrido su partido en mítines realizados durante la campaña electoral de Madrid.
En la propuesta, debatida como último punto del orden del día del pleno de ayer por el procedimiento de urgencia, el Ayuntamiento «rechaza el terror que suponen estas acciones tanto por los amenazados directamente, como por sus familiares y el peligro que comporta de ruptura de las libertades y la democracia en nuestro país».
Además, entienden que el mejor camino es «el rechazo a la intolerancia, el odio y la violencia y denunciar ante las autoridades y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado este tipo de hechos sin dilación».
Hubo un momento de tensión entre la concejala Sonia Vivas y Sergio Rodríguez cuando la primera aludió a una información periodística según la cual el autor del envío del sobre con un cuchillo a la ministra Maroto era un familiar de Iván Espinosa de los Monteros, marido de la candidata de Vox por Madrid.