El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, afirmó el pasado martes en sede parlamentaria que el «ayuntamiento de Palma es el último competente y puede decidir lo que hace con los nombres de la ciudad en atención a este censo». Yllanes se refería de esta forma al Censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de les Balears, elaborado por una comisión técnica en cumplimiento de la Ley 2/2018, de 13 de abril de Memoria y Reconocimiento Democrático de les Balears aprobada por el Parlament hace dos años.
El callejero es competencia exclusiva del alcalde
Si bien es verdad que la competencia en materia de la designación del nombre de las calles de la ciudad es municipal y, en concreto, es una atribución exclusiva del alcalde, y no es una reminiscencia de los anteriores gobiernos municipales franquistas pese a que lo puede parecer, también lo es que, en este caso, la máxima autoridad municipal debe acatar lo estipulado en la ley autonómica. Así se lo recuerda en una carta remitida a Cort el 17 de junio de 2020 la anterior consellera de Administraciones Públicas y Modernización del Govern, Isabel Castro Fernández, en la que, entre otras cuestiones, informa al Ayuntamiento del listado de elementos franquistas que se deben retirar y recuerda que, tal como se estipula en la ley, si no lo hacen de forma voluntaria «la conselleria competente en materia de Memoria Democrática (ahora la de Juan Pedro Yllanes) incoará de oficio el procedimiento para la retirada de los elementos mencionados».
