El Govern balear ha actuado, a mi criterio, de manera precipitada, para intentar paliar en los aspectos que se le ha ocurrido, la crisis económica derivada del coronavirus, Covid-19. Algunos temas en los que yo actuaría se ve que les han pasado por alto, lástima.
Son muchos los frentes que toca en su famoso decreto de 90 páginas, algunos acertados y otros que resultan temerarios para nuestro bienestar. Sindicatos y empresarios han sido los representantes de la sociedad en la articulación de las nuevas normas, quedando sin atender las opiniones de todo el resto de agentes sociales que, desde grupos feministas hasta defensores del futuro ecológico y del patrimonio, ya habían ido desgranando en un sentido radicalmente contrario al aprobado. Reconozco que no me esperaba esta huida hacia adelante incidiendo en muchos errores del pasado y amenazando con algunos nuevos que, vestidos de verde, aún me asustan más.
Hoy me centro en una de las propuestas con las que pretenden facilitar la actividad económica en el sector de la construcción. Quieren implantar las declaraciones responsables y hacer desaparecer, por ahora durante un año y medio, en la solicitud de muchas licencias, la mayoría de los informes y pasos garantistas de la legalidad que hasta ahora había.
Esas declaraciones responsables ya funcionaban para las actividades de comercio no ligadas a obra mayor y, según palabras de algún técnico, era ágil y cómodo pero también un coladero en el que muchos listos mentían y se quedaban tan contentos. El problema es que aunque los pillaran, todo era tan lento, que para cuando llegara el castigo o la enmienda, el mal ya estaba hecho y el tipo quizás ya estaba en otro lugar, también molestando.
La Administración hasta ahora era extremadamente ineficaz en su obligación de inspeccionar, sancionar y exigir la restitución del bien común dañado o la demolición de obras ilegales. El servicio de inspección del departamento de Urbanismo, que es en el que recaen actividades y obras, no da abasto y los retrasos en los expedientes se miden por años. La falta de personal y el exceso de trabajo es obvio. De hecho, en el Ayuntamiento de Palma tan solo se efectúan inspecciones cuando algún particular denuncia, prácticamente ninguna de oficio.
Cuentan que en algunos países nórdicos las declaraciones responsables funcionan bien, pero también que la Administración cae con mano de hierro sobre los infractores.
En las primeras páginas del decreto del Govern, como mínimo en tres ocasiones se habla de incrementar el servicio de inspección. No especifica en qué administraciones. Si en el Ayuntamiento de Palma se aumenta la plantilla en inspecciones varias, se disminuyen el papeleo y los plazos de recursos y se garantiza la vuelta rápida a la legalidad, habremos ganado algo, si no, estaremos peor que antes.
Por resumir: si se reducen los trámites para la acción empresarial, que se disminuyan para poder ejecutar mejor las sanciones y las órdenes de restitución y demolición. Todos saldríamos ganando, los empresarios también. Si no se puede tolerar que una licencia de obra espere más de seis meses, creo que tampoco se puede tolerar que tengamos que soportar ver, durante años, una obra ilegal, una fachada pintada de un color ofensivo o luces y letreros de comercios o negocios que no cumplen ninguna norma, por no hablar de ruidos de talleres o actividades lúdicas que de "responsables", nada.
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