El juicio por un presunto fraude masivo en el Institut Municipal d'Esports (IME) tendrá lugar entre los próximos días 6 y 8 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Este señalamiento se estableció ayer después de que se celebrara una vista en la que se abordaron asuntos relativos a la supuesta responsabilidad civil de algunos encausados.

En el banquillo de los acusados se sentaron ayer el entonces gerente del IME entre los años 2011 y 2015 Antoni Ramis, el jefe de mantenimiento de la entidad Alberto Serna, el administrador de la empresa Roig SA, Antoni Roig, y el responsable de producción de dicha compañía. Bartolomé Colom.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita para los cuatro procesados penas que suman 24 años de prisión. El ministerio público les acusa de los presuntos delitos de fraude, un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de prevaricación administrativa. También reclama la inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y que indemnicen al Ayuntamiento de Palma.

Durante la vista celebrada ayer en la Audiencia, el abogado defensor de uno de los dos funcionarios que se sentaban en el banquillo planteó como cuestión previa que la responsabilidad civil de su cliente ya habría sido abordada con anterioridad. En concreto, el letrado hizo constar que el Tribunal de Cuentas ya lo había examinado en otra vía y determinó la absolución de este procesado. El dictamen consideró que los actos de este encausado no habrían ocasionado ningún perjuicio al Ayuntamiento de Palma.

Este argumento del abogado contó ayer con la oposición frontal del fiscal anticorrupción Juan Carrau El representante del ministerio público hizo hincapié en que este extremo debería ser abordado por la vía penal.

Carrau remitió a la ejecución de la sentencia para resolver cualquier diferencia que se pudiera plantear en torno a la indemnización por la responsabilidad civil. Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Palma, que ejerce la acusación particular en este caso, se adhirió a los argumentos planteados por el fiscal anticorrupción.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los dos directivos del Institut Municipal d'Esports se habrían puesto de acuerdo con los responsables de la empresa Roig SA a los que habrían dado un supuesto trato de favor. Estas acciones habrían ocasionado un grave perjuicio económico a las arcas municipales.

Facturas sin control

En concreto, según el ministerio público, los responsables del IME habrían modificado el sistema de control y supervisión de las facturas, suministros y pagos. Así, los directivos de polideportivos y de otras instalaciones fueron apartados de esta tarea y quedaron al margen de verificar los trabajos en las instalaciones que dirigían.

Asimismo, a los capataces se les instó a firmar los albaranes de los servicios y de los materiales adquiridos sin que constara el precio en ellos. También se admitió como buena una facturación de la empresa Roig SA incrementada en un 96%.