La anunciada durante mucho tiempo demolición del bloque VIII de Corea, en Camp Redó, comenzó ayer con la retirada manual de materiales de su interior. El ayuntamiento de Palma indicó que el derribo del edificio se habrá completado en un mes.
Ayer, por la mañana, varios operarios acudieron a los números 23, 23a, 23b y 23c de la calle Infant Pagà que conforman este bloque VIII para comenzar a trabajar dentro del edificio y sacar manualmente materiales. La jornada transcurrió con normalidad en esta zona de Camp Redó, pese a que el desalojo del inmueble, okupado en su mayoría, provocó protestas de los vecinos hace justo un año.
Cort recordó que el derribo de este edificio "culmina" un proceso para liberar y esponjar la zona de Corea. "Cumplimos con una demanda histórica. Desde hace cuatro años hemos trabajado intensamente para mejorar Camp Redó, todos los barrios merecen un espacio público y urbano que de calidad de vida a la gente que allí vive y pasea", manifestó la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, a través de un comunicado.
Un mes de trabajos
La empresa adjudicataria de este derribo tiene como plazo máximo un mes para hacer desaparecer el bloque VIII. Las obras se llevarán a cabo en tres fases diferentes, explicó Cort. Por un lado, Endesa es la encargada de desviar el cableado. Por otro, los operarios deben hacer la retirada manual de materiales, trabajos que son los que comenzaron ayer, antes de que las máquinas tiren abajo la estructura. Por último, habrá que tratar los escombros resultantes.
El coste total de estas obras es de 140.000 euros, de los que 48.000 euros son para la demolición, 18.000 euros para retirar el cableado y 75.000 euros para el tratamiento de los escombros, especificó el Ayuntamiento.
Tras el derribo, Cort deberá acondicionar y reurbanizar el terreno para que sea una zona verde entre las viviendas sociales de Camp Redó, donde ya hace años se derribó el bloque XIII.
Un largo proceso
El bloque VIII fue desalojado y tapiado debido a su estado ruinoso el pasado mes de febrero, después de que los técnicos municipales presentaran a finales de 2018 un informe que urgía a su derribo.
Cort inició su expropiación durante la pasada legislatura con un coste de 629.944 euros, 488.000 euros procedentes del fondo de Capitalidad, aportados por el Govern, y otros 141.944 de presupuesto municipal. En ese momento, el bloque constaba de 32 viviendas, 12 de titularidad pública y 20 de particulares, de las que una docena estaban okupadas.
