Los socios del Club Marítim Molinar de Llevant que tienen un amarre deberán entregar ante el registro de la Autoridad Portuaria el título que acredita su derecho de ocupación. También tendrán que otorgar los últimos recibos que han pagado para demostrar que el documento está en vigor, según informará el organismo público a los afectados. El objetivo es "garantizar la continuidad de los amarristas con título en la rada del Molinar independientemente de quién sea el futuro gestor", tal como avanzó la entidad estatal, que está ejecutando la reforma del puerto y a la espera de que el Club presente una propuesta para seguir al frente.
Cuando esta u otra entidad se postule para ello mediante una competencia de proyectos, la APB redactará los pliegos que regirán las ofertas interesadas. Entre los aspectos que se valorarán están "el mejor servicio al usuario, las tarifas más bajas a los amarristas que hay actualmente y la mejor gestión ambiental y de la escuela de vela", por ejemplo. En cambio, "no se contemplará la mejora económica, es decir, que todos los ofertantes pagarían a la Autoridad Portuaria, sin posibilidad de hacer una oferta más elevada.
Como siempre ha dicho este organismo desde que asumió las obras de remodelación sin llevar a cabo la ampliación, "se persigue con ello que el barrio no pierda su identidad y que el puerto no se convierta en una marina". De ahí que las bases de la competencia de proyectos regularán el perfil del futuro gestor para "evitar que vengan amarristas de fuera. Así seguirá siendo un lugar vinculado a los vecinos del Molinar", según especificaron ayer fuentes de la Autoridad Portuaria.
La fricción entre esta entidad pública estatal y el Club ha ido en aumento a lo largo del presente mandato y la semana pasada se vivió el último capítulo cuando la APB hizo público que ha abierto tres expedientes sancionadores que suman 135.000 euros en total por no haber parado la actividad del restaurante tras ser requerido a causa de las obras, por hacer un traspaso a un tercero de la cesión de ocupación temporal de parte del edificio (donde está el negocio de restauración) y por la retirada de los carteles informativos que colocó la Policía Portuaria sobre el cese de actividad por motivos de seguridad.
El organismo público afirma que el Club recibió la notificación del inicio de los expedientes el 16 de mayo, tras ser aprobados el día anterior por el consejo de administración de la APB. No obstante, la entidad presidida por Rafael Vallespir no informó a los socios de las tres sanciones que pesaban sobre ellos, como tampoco avisó de los pasos que tenían que dar los amarristas cuando se anunció el inicio de las obras, entre ellos la retirada de las embarcaciones y su traslado al puerto del Portitxol. Estas y otras preocupaciones se pusieron sobre la mesa durante una reunión celebrada el pasado 23 de mayo entre miembros de la Autoridad Portuaria y una decena de socios críticos con la gestión de Vallespircríticos con la gestión de Vallespir.
En este encuentro "se garantizó a los amarristas que continuarán teniendo amarre sea quien sea el futuro gestor" de las instalaciones del Molinar. Por este motivo, la APB pedirá en breve a los socios que presenten sus títulos.
