Las familias de Son Banya han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Balears que paralice los desalojos en el poblado mientras se esté investigando judicialmente si el Ayuntamiento y la empresa de desamiantado Adalmo han cometido delito ambientaldelito ambiental durante los derribos.
La petición fue presentada ayer, confirmó el abogado de los vecinos de Son Banya, Gonzalo Márquez. En este escrito, los habitantes del asentamiento chabolista invocan a que se aplique el protocolo de protección para familias vulnerables en proceso de desahucio, aprobado el pasado mes de julio por el propio Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados de Balears, la Federació d'Entitats Locals (Felib) y el Colegio de Procuradores. El fin de esta petición es "evitar que se queden en riesgo de exclusión social en los próximos dos meses 88 personas de las que 48 son menores y tres nonatos", alegan.
Joaquín Cortés, en nombre del resto de moradores del poblado, exige que se aplique dicho protocolo contra desahucios "hasta que se garantice vivienda a todas las familias y todos los menores en riesgo de exclusión, y así mismo, hasta que se garantice que tanto la empresa Adalmo encargada de la demolición como el Ayuntamiento están llevando a cabo con seguridad y sin afectación al medio ambiente y la salud pública dicha demolición".
Hace algo más de dos semanas que los vecinos de Son Banya denunciaron judicialmente al alcalde de Palma por un presunto delito ambiental y por sus posibles consecuencias en la salud, después de que el Ayuntamiento derribara tres casas con una excavadora, sin haber retirado la uralita previamente. Además , se dejaron abandonadas varias piezas de este material en el poblado. Actualmente hay en marcha una investigación judicial para esclarecer todo lo denunciado.
