El juez de Instrucción número 8 de Palma ha comunicado oficialmente que se abren diligencias previas para investigar un posible delito contra el medio ambiente, con el agravante de afectación a la salud pública y también por posible delito de prevaricación, al ordenarse derribar casas con tejados de uralita sin la presencia de la empresa especializada en el desamiantado el pasado 26 de septiembre.
Tal como avanzó este diario la pasada semana, el juez ordena investigar los hechos, denunciados judicialmente por los vecinos de Son Banya.
Además de los derribos con excavadora del 26 por la tarde, que se retomaron con urgencia tras incidentes con un grupo de habitantes del poblado, la investigación también tiene por objeto esclarecer por qué se abandonaron paquetes de uralita durante unas dos semanas, informó ayer el abogado de las familias gitanas, Gonzalo Márquez.
Cabe recordar que la denuncia judicial fue interpuesta por Alejandro Cortés en representación del resto de vecinos de Son Banya.
Su letrado también denunció ayer a este diario que tres familias que habían salido del poblado se han visto obligadas a regresar, al no contar con otra casa ni recursos. En ese sentido, Márquez aseguró que son 88 personas (48 niños incluidos) las que deberían beneficiarse de la ayuda de Cort, por no tener antecedentes ni otros recursos, y que, sin embargo, no han podido acceder a ella.
