La tensión entre la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, y los concejales del equipo de gobierno presentes en la comisión de Derechos de la Ciudadanía celebrada ayer fue patente en varios momentos. Cuando Moilanen desgranó las trece propuestas de actuación “inmediata” para la barriada de Corea, algunos concejales no podían ocultar su desagrado, hasta el punto de que tanto Angélica Pastor, responsable de Seguridad Ciudadana, como la concejala de Servicios Sociales, Mercè Borràs, manifestaron en varias ocasiones su desacuerdo con el planteamiento de la Defensora. En varias ocasiones tuvo que puntualizar y recordar que los problemas de Corea no son exclusivos del presente mandato, sino que algunos de ellos se han enquistado y vienen de lejos. En algunos casos se considera la crítica injustificada por cuanto en este mandato, al igual que en el de Aina Calvo los problemas de la barriada se intentaron corregir “de verdad”. No obstante, dos años y medio después de la toma de posesión, algunas situaciones como la falta de luz, la suciedad, el mal estado de las calles o el solar municipal sin vallar no se pueden justificar apelando a programas cuya ejecución es incierta o a corto y largo plazo.
Incumplimiento de la ley
Ayer nos llevamos otras sorpresa a raíz de una denuncia ciudadana a la Defensora de la Ciudadanía. Resulta que la nueva ley de procedimiento administrativo obliga a las empresas que contratan con la Administración a presentar la documentación en formato digital. En el caso de los ciudadanos es una potestad, no una obligación. Resulta que el sistema informático municipal (pese a los más de 60 millones pagados por sucesivos consistorios a T-System en virtud del contrato suscrito en tiempos de Catalina Cirer) no es capaz de reconocer la firma digital, por lo que cualquier documento que se presente en este formato es papel mojado. Esta situación se da según la oficina de la Defensora de la Ciudadanía al menos desde 2016.
