El denominado caso ORA se inició con la declaración de un testigo, en estos momentos protegidos, que es un afiliado del Partido Popular y del que en ningún momento aparece su identidad reflejada en el sumario, si bien la mayoría de implicados sabe quién es. Este testigo reveló que el contrato de la ORA, otorgado en la anterior legislatura municipal, se había amañado a favor de la empresa Roig, a cambio del pago de comisiones. Y señaló dos nombres: Alvaro Gijón y José María Rodríguez. Afirmó que estos dos políticos del PP se habían repartido una comisión de 1,2 millones de euros, pero que además a Gijón también le habrían regalado un piso, indicando la dirección. Sin embargo, la Policía hasta ahora no ha localizado, ni el dinero, ni el piso, pero considera que los datos que aportó este testigo son creíbles, como lo demuestrna todas las irregularidades que se han detectado en la contratación de la ORA. La dirección señalada corresponde a un bloque de viviendas, que casualmente construyó el padre de Gijón. Sin embargo, ningún piso aparece a nombre del político. No se descarta que, en realidad, la vivienda no se sitúe en esta dirección, sino en una calle muy próxima. De hecho, se cree que en realidad se produjo una ampliación de otro piso.
El patrimonio de Gijón se ha investigado a fondo. El político tiene un piso a su nombre, que compró hace 16 años, y varios trasteros. En sus cuentas, lógicamente, tampoco figuran ingresos económicos tan elevados. El exteniente de alcalde, que todavía no ha sido citado a declarar, ha negado insistentemente que, no solo no ha cobrado ninguna comisión ilegal, sino que tampoco intervino en la tramitación de este contrato.
La Policía, en su momento, detuvo a dos exconcejales del equipo de Gobierno de Cort. Fueron Irene San Gil, exresponsable del área de Función Pública, y Gabriel Vallejo, exconcejal de Movilitat. Ambos dijeron que no habían intervenido directamente en el proceso de estudio de las ofertas y que se habían guiado por los criterios técnicos. Los investigadores les señalaron las numerosas irregularidades que habían detectado en el proceso administrativo. Ambos centraron la responsabilidad en el jefe del área de Movilitat, Miguel Femenías. Los dos políticos dijeron que el funcionarios les había engañado, no solo a ellos, sino también al alcalde Isern.
Femenías negó, cuando declaró ante el juez, que hubiera cobrado comisiones por este contrato.
