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Corrupción

Vera y dos concejales de Cort "colocaron" a los oficiales antes de que se examinaran

El jefe de la Policía Local convenció a los regidores Irene San Gil y Guillermo Navarro para promocionar a agentes de su confianza

El juez citó a los funcionarios como testigos y terminó imputándolos.

El juez citó a los funcionarios como testigos y terminó imputándolos.

El escándalo de las oposiciones internas en la Policía Local de Palma salpica cada vez más alto. Dos antiguos concejales del Ayuntamiento de Palma, Irene San Gil y Guillermo Navarro, entre otros, estuvieron presentes en una reunión celebrada con anterioridad a los exámenes. En este encuentro, en el también intervino el entonces intendente jefe de la Policía Local, Antonio Vera, se decidió el destino que iban a ocupar determinados opositores, los mismos a los que después les filtraron las preguntas y las respuestas del examen. Este reunión, cuya existencia ya conocían tanto el juez Manuel Penalva como el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, la confirmó ayer una veterana funcionaria del Ayuntamiento de Palma, que había sido citada como testigo, pero que terminó siendo imputada por los delitos de prevaricación y malversación. Lo mismo le ocurrió a otra compañera funcionaria, que también fue finalmente imputada. El exjefe de personal del Ayuntamiento de Palma, Juan García Lliteras, que también estaba citado, ni siquiera entró en el despacho del juez, porque el fiscal solicitó directamente su imputación. Los tres trabajadores municipales serán de nuevo citados a declarar, pero tendrán que hacerlo acompañados de un abogado.

Correos electrónicos

La funcionaria que confirmó esta reunión, con la presencia de los concejales y de otros responsables políticos, trabaja en la concejalía de Seguridad Ciudadana. Su nombre aparece citado en una serie de correos electrónicos que una persona anónima hizo llegar al actual director de seguridad, dejándolos por debajo de la puerta de su despacho. En estos documentos se desprende que el jefe de la Policía Local, con la aprobación de los responsables políticos, había decidido los nombres de los policías que iban a ocupar los puestos claves dentro de la organización policial. Una decisión que se había producido antes de que estos policías aspirantes a ser oficiales hicieran el examen para convertirse en oficiales.

La citación de ayer sirvió también para confirmar que la reunión de los dos concejales y otros responsables municipales, se celebró con posterioridad a un encuentro que el propio Antonio Vera tuvo con algunos de los policías que optaban al ascenso y a los que se considera de su máxima confianza. Los investigadores están convencidos de que en esta reunión Vera, supuestamente, les comunicó que iban a aprobar las oposiciones porque tendrían acceso previo a las preguntas y les anunció los destinos que iban a ocupar una vez superado el examen. Una de las funcionarias, a preguntas del fiscal Subirán, llegó a reconocer que los destinos en la Policía Local se decidían directamente por orden sus responsables, sin tener en cuenta ni los méritos ni la antigüedad del aspirante.

A una de las funcionarias se le preguntó sobre un correo que ella misma escribió, en el que se refería a un oficial de policía (que ha denunciado ser víctima de una persecución interna), que solicitaba ocupar una determinada plaza dentro del grupo de la UII. Escribió la funcionaria que esta propuesta supondría un problema, pues se había decidido que esta plaza la ocupara otro policía, que precisamente está imputado por el amaño de los exámenes.

Los investigados han constatado también que otro de los policías que asistió a la reunión con Vera es el oficial que recientemente ha sido condenado por la Audiencia, por torturar a un detenido en las dependencias policiales. Esta agresión fue grabada por la cámara de seguridad del cuartel. Este policía también logró, según los investigadores, el ascenso con trampas, pues parece que tuvo acceso previo a las preguntas que le harían en la prueba.

En uno de los correos que han aparecido recientemente, una de las funcionarias escribe una anotación que el juez y el fiscal entienden que es contundente para demostrar que el amaño de los exámenes había sido urdido desde la cúpula de San Fernando. Escribió la frase: "Estamos muertos, de aquí a los juzgados". La funcionaria reconoció ayer que se refería a la plaza que se pretendía dar a uno de los oficiales que supuestamente había copiado, pero que otro policía con muchos más méritos pretendía ocupar. La plaza finalmente la ocupó el primero de estos policías, por orden directa, según creen los investigadores, del propio Antonio Vera, que pidió a la entonces responsable municipal de gestión pública, la concejal Irene San Gil, que no se le diera al oficial que la había solicitado.

Hasta la fecha Antonio Vera ha sostenido que las acusaciones contra él son falsas y que él no participó en el amaño de las oposiciones.

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