Las pesquisas sobre una trama de presunta corrupción en la Policía Local de Palma dio ayer un nuevo paso adelante. Investigadores de la Guardia Civil se personaron en el cuartel de Sant Ferran para analizar al detalle el historial de los agentes que se encuentran bajo sospecha.
Este nuevo capítulo de la ´Operación Sancus´ se centra en repasar todos los movimientos que realizaron estos agentes del Grup d´Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma desde su ingreso en el Cuerpo y cómo quedó reflejado.
Varios investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron ayer a mediodía en el Cuartel de Sant Ferran. Los agentes del Instituto Armado portaban consigo una orden judicial y la mostraron, al tiempo que enseñaban sus placas en el control de entrada.
Los efectivos de la Guardia Civil comunicaron al comisario el motivo de su llegada y mostraron la orden dictada por el juez. Una vez que tenían el camino expedito, los investigadores se dirigieron a los archivos del acuartelamiento para analizar la hoja de servicios que tenían estos agentes imputados por presunta corrupción cuando trabajaban en s´Arenal.
Los agentes del Instituto Armado centraron esta nueva actuación en cotejar el historial existente de estos agentes del GAP, dos de ellos ya jubilados, de los que ocho fueron detenidos hace algunas semanas.
En concreto, los expertos de la Policía Judicial examinaron al detalle los expedientes disciplinarios que les habían abierto durante su trayectoria profesional, los supuestos méritos si los hubiere y los ascensos que habían tenido a lo largo de su carrera.
El objetivo de este análisis pormenorizado de la hoja de servicios de estos policías locales bajo sospecha era determinar si era posible el elevado tren de vida del que hacían ostentación muchos de los implicados con sus limitados ingresos económicos. La paralización de los expedientes disciplinarios abiertos a los miembros de esta trama corrupta centra estas pesquisas.
Todo esta información obtenida ayer en el Cuartel de Sant Ferran iba a ser contrastada con la abundante documentación obtenida en el transcurso de la ´Operación Sancus´. En lo que se refiere a los ingresos, los investigadores también examinan minuciosamente las declaraciones del IRPF presentadas por los agentes imputados por corrupción.
A estos ocho agentes del GAP imputados -en algunos casos padre e hijo están procesados- se les acusa de un presunto trato de favor a empresarios de ocio nocturno de la Playa de Palma. De hecho, en algunos establecimientos se sospecha que hacían labores de seguridad privada encubierta.
A todos estos policías, en su inmensa mayoría del GAP -concebido inicialmente como un grupo de elite para combatir la proliferación de bandas latinas en las calles de Palma- se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, extorsión, amenazas, soborno, coacciones, negociaciones prohibidas a funcionario público, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
