La investigación reservada que elaboró la Policía Local de Palma sobre el presunto amaño de oposiciones afirma que el tribunal cometió irregularidades durante el proceso de selección. Según el documento, al que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA, "se constata que, por parte del tribunal, no se garantizó la confidencialidad en los datos de los aspirantes".

Al realizar un examen de oposiciones, las hojas no están firmadas con el nombre y apellidos del aspirante. Esa precaución se tiene en cuenta para evitar sospechas de parcialidad. De esa forma, el tribunal que corrige la prueba no sabe a quién pertenece el examen y se garantiza que puntúa con ecuanimidad.

Según el protocolo de confidencialidad en procesos de selección aprobado por el Ayuntamiento de Palma en 2010, "el secretario o secretaria del tribunal es responsable de asignar códigos alfanuméricos que permitan la identificación del ejercicio correspondiente a cada aspirante, de forma que el tribunal no pueda tener conocimiento de estos datos".

La investigación interna afirma de forma tajante que no se cumplió con esta obligación. "Las claves fueron autoasignadas por los propios aspirantes, de forma manuscrita, quedando comprometido el principio de confidencialidad", asegura el documento.

Al inicio del examen de desarollo, se les entregó una hoja en la que debían hacer constar cuatro datos: su nombre completo, su DNI, la fecha del examen y la clave que ellos mismos inventaban. En muchos casos, los agentes utilizaron sus iniciales y dos de las cifras de su número de identificación policial.

El informe reservado señala que se puede "identificar a un buen número de opositores a primera vista". Por ejemplo, el agente imputado Tomás Javier Mas, cuyo número de agente es 999, firmó las hojas de examen con el código TJ99. El también acusado Antonio Barceló (primo lejano del intendente Antonio Vera) usó la clave AB77.

La investigación elaborada por el cuerpo municipal señala que hubo una segunda irregularidad en la actuación del tribunal. El procedimiento de corrección -dice el informe- tampoco se ajustó a las directrices legales aprobadas por Cort. De las cinco personas del tribunal, "solo fueron tres miembros los que corrigieron las preguntas y, al parecer, cada uno corrigió las que había formulado"

No obstante, según el procedimiento establecido por Cort, los cinco miembros del tribunal deberían haber calificado todas las contestaciones. La nota final se debería haber extraído con la media de las cinco diferentes correcciones.

Constantino Lorenzo, designado en nombre de la Escola Balear d´Administració Pública y miembro del PP de Marratxí, declaró ante la Guardia Civil que él corrigió las tres primeras cuestiones. Según su testimonio, las restantes siete preguntas las puntuaron el intendente Antonio Vera y el comisario Rafael Estarellas.