El teniente de alcalde de urbanismo del ayuntamiento de Palma, Jesús Valls, manifestó ayer que el edificio construido en la plaza Llorenç Villalonga número 20, en el que el president José Ramón Bauzá tiene una vivienda, no "atenta contra el interés público" pese a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula el estudio de detalle del que se deriva la licencia concedida por el Ayuntamiento. Según el teniente de alcalde, el Ayuntamiento no ha instado de oficio la nulidad de la licencia, de la que se derivaría una posterior orden de demolición de los volúmenes construidos de más, por la razón expuesta anteriormente. Además, tampoco se ha instado la nulidad por parte de ningún particular.
Insistió en que el Ayuntamiento ha iniciado la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de sa Calatrava con el fin de adaptar el exceso de volumen del inmueble "a instancia de parte", no por iniciativa propia.
Sí que en su momento el pleno del Ayuntamiento anuló el estudio de detalle en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, aunque insistió que a este edificio se le dio más edificabilidad porque en el transcurso de las obras se encontró un antiguo cementerio que contenía aún restos humanos. Se optó por modificar la licencia inicial mediante la redacción de un estudio de detalle, que autorizaba más volumen y el no retranqueo de la cuarta planta, en contra de los especificado en el PERI de sa Calatrava.
Urbanismo actuó en este caso como en otros similares, como en un inmueble de la calle de Sant Miquel en el que se encontraron restos de la antigua puerta de Santa Margalida, y el instrumento utilizado estaba avalado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears. El supremo, no obstante, anuló el estudio de detalle al considerar que un instrumento urbanístico de rango inferior no puede contradecir al PERI.
